La Paz, Bolivia; Lima, Perú, 29 de junio del 2020.- El 22 de junio del presente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comunicó la aprobación del informe de admisibilidad No. 113/20, declarando admitida la petición presentada por 64 comunidades indígenas que denunciaron al Estado boliviano por la violación a sus derechos territoriales.
El propósito y las acciones del gobierno boliviano de construir la carretera, “Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”, cuyo tramo central (tramo II) atraviesa el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), han generado múltiples violaciones a los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado Plurinacional de Bolivia.
En este caso, el Estado tomó decisiones y acciones legislativas y administrativas sin consultar ni obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, y tomó medidas de fuerza y represión contra la “VIII marcha Indígena”, en la localidad de Chaparina en el 2011. Estas acciones, junto a otras posteriores, constituyen un proceso sistemático y agresivo a los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia.
El 8 de mayo de 2012, un grupo de líderes indígenas, junto al Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), pusieron en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estas violaciones.
El 30 de julio de 2014, ante la inminencia de la construcción de la carretera y por el aumento de las violaciones de derechos humanos, que se vio reflejado en el incremento de afectaciones, daños colectivos, y daños a la integridad física y personal de los miembros de las comunidades indígenas del TIPNIS, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), y EarthRights International, se adhirieron a la petición y presentaron información que daba cuenta de la gravedad de la situación.
Dentro de este proceso, los peticionarios, las comunidades y sus líderes hemos ejercido una defensa coordinada, constante y permanente de los derechos de las comunidades indígenas afectadas con este megaproyecto, que rompe con uno de los principales territorios ancestrales y biodiversos de la amazonia boliviana.
Adolfo Moye, ex presidente del TIPNIS y quien, durante su gestión en el año 2009 había logrado consolidar el título de propiedad de este territorio, como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), en favor de los pueblos Mojeño Trinitario, Yuracaré y Chimán, expresó sobre la decisión de la CIDH:
“El TIPNIS unificó a gran parte de Bolivia en la “VIII Marcha Indígena”, la que se gestó a lo largo de cuatro años de resistencia a continuos avasallamientos no sólo al TIPNIS sino a otros territorios. La Resolución de aceptabilidad del caso en la CIDH significa una esperanza de justicia y respeto de los derechos de todas las familias de las comunidades indígenas, en particular del TIPNIS.”
Con la aprobación de este informe se abre el periodo de debate y sustentación del caso en el que los peticionarios, lideres, lideresas y las comunidades del TIPNIS seguirán trabajando porque se reconozca la responsabilidad del Estado por los hechos denunciados, así como para hacer cumplir el derecho de los pueblos indígenas a producir, reproducir y desarrollar su vida en comunidad, de acuerdo con su cosmovisión y su proyecto de vida.
Desde las organizaciones, comunidades y líderes y lideresas, reafirmamos nuestro compromiso de continuar con el proceso y la defensa de los derechos de los pueblos idígenas bolivianos.
