que incluye los límites ecológicos definidos por los ciclos de la naturaleza. Lo anterior resalta la urgencia de transformar aceleradamente el sistema energético, es decir disminuir drásticamente la demanda energética global y al mismo tiempo atender las necesidades de los territorios y de las personas que han sufrido los impactos de la explotación de energías fósiles. Por tanto una transición energética que sea justa y que permita avanzar en la superación de las desigualdades sociales, entre países y regiones, desafía a cuestionar el sistema energético que nos proponemos transformar, a las bases que lo sustentan, a abordar la situación de la producción, transformación y usos de la energía, a las formas actuales de apropiación de la Naturaleza y al modelo que direcciona el conocimiento, es decir, avanzar en la significación social de las ciencias y como aspecto esencial, enfrentar la apropiación de las narrativas de la sociedad por parte de empresas y sistema financiero que direccionan las políticas de gobiernos y países en favor de las ganancias y el mercado. La transición energética justa debe abordar la inequidad en el acceso a la energía como es el caso de las personas que no tienen servicios; de los subsidios a las energías fósiles que se concentran en el transporte pesado y el agronegocio; la diversificación económica, tomando en cuenta la necesidad de crear oportunidades para los sectores más desfavorecidos, cómo evitar el vaciamiento del campo donde los jóvenes no tienen oportunidades; la inclusión: enfrentar las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres y otros grupos históricamente excluidos; además de la eficiencia energética. Todo ello con el horizonte puesto en la necesidad de eliminar los combustibles fósiles, es decir, ir mucho más allá de la narrativa de potenciar un “mix” de energías limpias, renovables o de baja emisión. De acuerdo a análisis de la CEPAL con datos del 2016, (Bárzena el al 2020), el sector energético es el mayor responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero y dentro de este, el transporte. Una particularidad de América Latina y el Caribe, región en la que, si bien la estructura expresa que el sector energético representaba el 45% de las emisiones totales, valor inferior al resto del mundo (70%), la agricultura y ganadería representa el 23% y el cambio de uso de suelo alcanzó al 19%. Una visión nacional para una transición energética que busque justicia social, requiere de políticas públicas que: – Consideren a la energía como un bien común y un derecho humano, es decir rediseñar el nuevo sistema energético en un marco de los límites de la Naturaleza y de las necesidades sociales. – Enfrente las desigualdades urbano-rurales y al interior de las ciudades y las regiones. – Establezca que las alternativas energéticas no solo deben ser fuentes renovables de energía, sino que deben ser sustentables y su desarrollo solo debe darse en un marco de respeto pleno de derechos. – Enfrente la deforestación creciente, el cambio de uso de suelo y el desarrollo de monocultivos para la producción de energía. – Fortalezca el debate sobre el modelo de producción y consumo, y como parte de este aborde la eficiencia energética en todos los sectores.