Los financiadores del lobby del agronegocio en Brasil y Bolivia
FORO BOLIVIANO SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO-FOBOMADE
Fair Bank Guide Holanda ha publicado un nuevo estudio de caso sobre el lobby del agronegocio: How the Netherlands finances agrilobby in Brazil. A case study for the Fair Bank Guide Netherlands 21-03-2024[1]. Este documento, elaborado por el Observatorio de los Ruralistas de Brasil, muestra uno de los desafíos enfrentados por el presidente Lula en su primer año de gobierno, cuando intentó vetar disposiciones de un proyecto de ley que buscaba obstaculizar el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras. La estrategia fue cuidadosamente diseñada e implementada por el lobby del agronegocio y organizada en el Instituto Pensar Agro (IPA) y el Frente Parlamentario del Agronegocio.
El estudio analiza los vínculos entre instituciones financieras holandesas y 18 miembros del IPA: ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, COFCO y AMAGGI, dedicadas a la producción de soya y palma aceitera; Coamo, Olam, Mitsubishi, Tentos do Sul y Jotabasso (producción de soya); Marfrig, Minerva y JBS (carne), Suzano, Klabin, Marubeni y Stora Enso (pulpa y papel). Y su colaboración conjunta en actividades de lobby (cabildeo) del agronegocio. Señala que en el período 2019-2023, los tres principales bancos holandeses, Rabobank, ABN Amro e ING Group, proporcionaron 1.89 mil millones de dólares en financiamiento a los 18 actores clave del agronegocio. Rabobank es responsable del 86% de todas las transacciones realizadas por instituciones financieras holandesas en Brasil en este período, es decir, el banco que otroga el mayor financiamiento.[2]
El estudio muestra como estas compañías por si mismas o a través de una serie de acciones coordinadas y estratégicas buscan influir en las decisiones políticas y legislativas en favor de IPA y FPA logrando debilitar o bloquear iniciativas legislativas de protección social y ambiental.
En Bolivia operan varias de las empresas objeto del estudio y que operan en Brasil, formando parte de la Fundación de Desarrollo Agrícola Santa Cruz- FUNDACRUZ, la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), la Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios-APRISA, asociaciones que realizan acciones de cabildeo y cuentan también con instituciones de apoyo como el Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE y asociaciones como la Cámara Agropecuaria del Oriente, el Comité Técnico de Biotecnología CTB del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz CIACRUZ, el Comité Técnico de Semillas COTESE y otras.
FUNDACRUZ está vinculada a la Fundación Mato Grosso, creada en 1993 por un grupo de 23 productores de Matto Grosso de Brasil, entre los que se destacan Blairo Maggi (Grupo Maggi) y Sergio Marchett y Julio Cambruzzi de Mónica Semillas, empresa que nació en Matto Grosso y se trasladó a Bolivia[3].
La Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios-APIA tiene como afiliados a Monsanto, BASF Bolivia, DOW AgroSciences, Syngenta, Monica Semillas, Bayer Bolivia, entre 62 miembros importadores de insumos agropecuarios[4]. APIA es representante boliviana de Croplife Latin América que se presenta como la industria de la “Ciencia de los Cultivos”. Cuenta entre sus miembros a importantes empresas afiliadas: Syngenta, FMC, Bayer, BASF, Sumitomo Chemical y Corteva Agriscience. Señala como prioridad estratégica: “Promover y apoyar leyes que con criterios científicos adopten marcos regulatorios adecuados y garanticen el respeto por la propiedad intelectual, los cuales deben ser compatibles con los estándares comerciales aceptados globalmente para la protección de los cultivos, la biotecnología, los productos biológicos y todas las tecnologías emergentes” es decir para lograr que los países promulguen normas o por el contrario no lo hagan, de modo de garantizar sus negocios, por ejemplo impidiendo prohibir pesticidas vetados en otros países o presionando la aprobación de semillas transgénicas. Su directivo actual es José Perdomo, quien fue alto funcionario de Du Pont[5], empresa cuestionada por impactos ambientales, sociales y prácticas de ocultamiento de información. [6]
El agronegocio utiliza diferentes prácticas de lobby para garantizar el logro de sus intereses, entre las cuales el estudio destaca a la utilización de políticos del agronegocio y el lobby corporativo en detrimento del interés colectivo como la salud, tierras, derechos indígenas y de los consumidores. Define como grupo de interés a cualquier asociación de individuos u organizaciones que, «sobre la base de una o más preocupaciones compartidas, intenta influir en la política pública a su favor. Están unidos por la defensa de una agenda específica, no necesariamente vinculada a un partido político u organización en particular”.
De acuerdo al estudio publicado, la ideología que comparten es que la producción y exportación de los commodities agrarios es la piedra de la economía. Sus prioridades son la modernización del trabajo, tierra y legislación impositiva, así como la regulación de tierras indígenas y comunidades negras rurales, para garantizar el marco legal que requiere el sector para ser competitivo[7].
EL 2005 el lobby del agronegocio en Bolivia, que en ese momento formaba parte del gobierno, intentó aplicar la “Estrategia del Hecho Consumado”[8] que había logrado en Brasil la aprobación de la soya transgénica después de años de duras resistencias. En Bolivia dicha estrategia no funcionó por lo que el evento de soya resistente al glifosato fue aprobado retirando de mala manera a la prensa y a quienes cuestionaron el procedimiento sin rebatir los argumentos presentados.
De entonces al presente (2024) el lobby del agronegocio ha intentado diferentes estrategias para aprobar eventos transgénicos, particularmente, pero no solo en maíz. Elegir un representante campesino en sus asociaciones, amenazar, celebrar el cambio de gobierno el 2019, son algunos de sus métodos. EL 2020 lograron la aprobación irrestricta de varios cultivos, lo cual fue eliminado en la actual administración. Pero los intentos no cesan.
El 2022 la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios-APIA recomendaba hacer los esfuerzos para mantener el Comité Nacional de Biotecnología en funcionamiento: “lo cual se logra introduciendo solicitudes para la aprobación de nuevos eventos, de acuerdo al procedimiento planteado en el DS 24676” y recomendaba presentar solicitudes para la aprobación de eventos genéticamente modificados de trigo y caña de azúcar porque “no tienen parientes silvestres en territorio boliviano, para evitar posibles cuestionamientos respecto a la liberación de estos cultivos en el ambiente”. Así mismo que las solicitudes “sean de eventos desarrollados por entidades públicas o sin fines de lucro, para evitar los posibles sesgos que podrían existir en contra de empresas privadas internacionales“. También sostenía que analizaron diversas estrategias, como la propuesta del Instituto Boliviano de Comercio Exterior del IBCE de llevar a cabo la campaña comunicacional a favor de la biotecnología en el agro, la propuesta de la biotecnóloga María Mercedes Roca de elaborar la “Ley Bolivia 4 bios”, la propuesta de las empresas propietarias de eventos OGM de trabajar en leyes y no decretos para la seguridad jurídica de las mismas, propuestas de protección de patentes y de mecanismos de procedimientos de rescate de la inversión en eventos transgénicos y la propuesta de ley que homologue sin mayor trámite los estudios aprobados en países que los han autorizado[9]. Este es un mecanismo para eludir la investigación en biotecnología mientras plantean someterse a lo que dictaminen otros países a pesar de su autodesignación como representantes de la “Ciencia de los cultivos”.
El agronegocio no tiene problemas en conseguir financiamiento, incluso del Banco Mundial, como ocurrió el 2004 cuando la empresa de Blairo Maggi, el mayor productor individual de soya del mundo, ex gobernador y ex ministro del gobierno de Temer de Brasil, obtuvo financiamiento de la Corporación Financiera Internacional-IFC, (por sus siglas en inglés), brazo privado del Banco Mundial. El 2023 el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES-Brasil) otorgó un préstamo de 498,2 millones de reales a cinco empresas de Mato Grosso. El mayor préstamo de 250 millones de reales fue para Agropecuaria Maggi Ltda, empresa de la familia del ex-gobernador Blairo Maggi.
En mayo del 2023 el BID, luego de realizar consultas con sectores interesados, publicó el documento: “Evaluación del marco regulatorio e institucional para la edición génica agrícola mediante tecnologías basadas en CRISPR[10] en América Latina y el Caribe”[11], tecnologías que considera un banco de posibilidades para la agricultura. Para ello en el documento se evalúa los sistemas regulatorios en la perspectiva de definir prioridades de inversión del banco, lo que incluye de manera prioritaria la modificación de leyes. Al respecto la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas ANAPO señaló: “En el caso nuestro fuimos elegidos para enviar información sobre estos elementos y manifestar el interés de los productores de contar con estas nuevas herramientas que la biotecnología está poniendo a disposición de los agricultores en todo el mundo…También se están analizando las posiciones de los actores contrarios a la adopción de estas tecnologías en nuestros países.”
Respecto a Bolivia, el estudio del BID señala: “el Gobierno de Bolivia aprobó dos nuevos eventos de soya transgénica en 2019 y estaba considerando la aprobación del maíz y el algodón. La crisis política en 2019 desencadenó la parálisis de muchos procesos, incluida la aprobación de estos dos nuevos eventos. En la actualidad, la única semilla genéticamente modificada para el cultivo en Bolivia es un evento de soya resistente al glifosato”. Además pone en relieve lo que considera el contraste entre “los sectores más desarrollados de la biotecnología, la caña de azúcar y los biocombustibles en Brasil y el contexto menos desarrollado y menos “amigable con la biotecnología” de Bolivia.
También destaca que “la región oriental boliviana de Santa Cruz, donde se cultiva la mayor parte de la caña de azúcar, está bajo la enorme influencia de los empresarios agrícolas brasileños y puede adoptar rápidamente las variedades de caña de azúcar transgénica (o no transgénica editada genéticamente)” desarrolladas en Brasil.
Estima que en el departamento Santa Cruz hay alrededor de 800.000 ha disponibles para el cultivo potencial de caña de azúcar, y actualmente se cultiva el 20% de esta superficie. Entre los problemas para aumentar esa superficie señala la necesidad de “mayor rotación de herbicidas, mayor uso de pre-emergentes en las plantaciones de caña de azúcar y la posibilidad de adoptar caña transgénica”, a pesar del potencial productivo de las variedades cultivadas en Santa Cruz que el mismo estudio destaca.
Bolivia es el primer país en pérdida de bosque primario per cápita. La pérdida de selva tropical del mundo lo sitúa en tercer lugar, luego de Indonesia y Brasil. Esa deforestación se da por ampliación de la frontera agrícola. Empresas como Cargill, compran soya del Bosque Seco Chiquitano, una de las áreas más devastadas por incendios forestales por colonias menonitas. Y piensa seguir haciéndolo, según Global Witness[12].
Las instituciones financieras tienen el poder de influir a través de sus inversiones, préstamos y cooperación, en políticas, legislación y la opinión pública como “actores del conocimiento”. También en la cadena de suministro de productos de riesgo forestal y riesgos a los derechos humanos. Los bancos tienen participaciones en empresas vinculadas a la deforestación, como publica Global Witness, el 2024 con referencia a bancos europeos que financiaron a Bunge, Cargill, ADM,empresas chinas como COFCO, Sinochem Group, la koreana POSCO, Louis Dreyfus, solo por citar algunas.[13]
¿Cuáles son las implicaciones de las relaciones del agronegocio (empresas y bancos) con el lobby parlamentario de Brasil en Bolivia? ¿Y cuál es el papel que está asumiendo la Banca Multilateral de Desarrollo en este lobby? El financiamiento al agronegocio debe ser excluido del Alineamiento al Acuerdo de París que la banca multilateral convertirá en política y debe ser de aplicación también en la banca privada.
Para ver la Nota de Prensa de Fair Money Guide y el documento:
REFERENCIAS
[1]Bassi, B., Castilho, A. Olho nos Ruralistas, (2024) How the Netherlands finances agrilobby in Brazil A case study for the Fair Bank Guide Netherlands 21-03-2024. Fair Bank Guide. Netherlands
[2] Ibid
[3] Mato Grosso modificó una variedad de soya. Junio 2009. Portafolio. Noticias económicas de Colombia y el mundo, visitado en 01-04-24 https://www.portafolio.co/economia/finanzas/mato-grosso-modifico-variedad-soya-426150
[4] Memoria Institucional 2023. APIA. Marzo 2024, visitado en 01-04-24
[5] Quienes somos? https://croplifela.org/es, visitado en 01-04-24
[6] Du Pont es una empresa que se mueve en el área de química, nuevos materiales, biotecnología y agricultura, ha sido reiteradamente cuestionada y enfrenta juicios por contaminación ambiental debido a la gestión de desechos tóxicos y sustancias químicas peligrosas en sus fábricas, incluyendo el teflón (utilizado en recubrimientos antiadherentes) y el C8, utilizado en la fabricación de productos como el Teflon y el poliéster. También por malas condiciones de seguridad y salud ocupacional que han derivado en accidentes laborales y riesgos para los trabajadores. Enfrenta litigios por haber ocultado riesgos para la salud de sus productos, ha generado controversias y críticas por sus prácticas sobre patentes. Por los impactos ambientales y sociales causados es cuestionada en su responsabilidad social y corporativa y sus prácticas de sostenibilidad. https://www.bbc.com/mundo/noticias-51779863
[7] Bassi, B., Castilho, A. Olho nos Ruralistas, (2024) How the Netherlands finances agrilobby in Brazil A case study for the Fair Bank Guide Netherlands 21-03-2024. Fair Bank Guide. Netherlands
[8] Patricia Molina. 2015. APIA y el agronegocio en la estrategia del Hecho Consumado: De cómo Bernays y Goebbels aportan a la nueva campaña por aprobar transgénicos en Bolivia. Servicio de Noticias Ambientales-FOBOMADE.
[9] Memoria Institucional 2022. APIA. Marzo 2023, visitado en 01-04-24
[10]. Tecnología de edición genética que permite realizar cambios en el ADN de organismos vivos, incluidos humanos, plantas y animales.
[11] Zarate, Sebastian, Cimadori, Ilaria, Roca, Maria Mercedes, Jones, Michael S. Barnhill-Dilling, Katie, Marzo 2023. Tecnología de edición genética que permite realizar cambios precisos en el ADN de organismos vivos, incluidos humanos, plantas y animales. Documento para discusión No IDB-DP-00995. División de Medio Ambiente, Desarrollo Rurral y Riesgos pro Desastres.BID.
[12] Global Witness. Empty promises: Cargill, soy, banks and the destruction of Bolivia’s Chiquitano forest
[13] Global Witness. March 2024. The credit chainsaw: A review of how EU-based banks are pouring billions into deforestation. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/empty-promises-cargill-soy/
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