San Salvador / Quito, octubre 6 de 2011
Publicado el: octubre 6, 2011
Estimado profesor James Anaya, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas: me permito llamar su atención sobre el conflicto social y político existente entre las autoridades gubernamentales bolivianas y las organizaciones indígenas de ese país.
En representación de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), organización de derechos humanos que posee personería jurídica internacional y que mantiene quince Capítulos Nacionales, entre ellos en el Estado Plurinacional de Bolivia, me permito llamar su atención sobre el conflicto social y político existente este momento entre las autoridades gubernamentales bolivianas y las organizaciones indígenas de ese país, en torno a la construcción de una carretera entre Cochabamba y Trinidad que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Por encontrarse en desacuerdo con esa decisión gubernamental, en particular porque no se ha implementado una “consulta previa”, tal como lo establece la Constitución Política, así como no se habría efectuado un estudio de impacto medioambiental, diversas organizaciones indígenas iniciaron el pasado 15 de agosto la denominada “VIII Gran Marcha Indígena por la defensa del territorio, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía boliviana”, la misma que fue severamente reprimida por las fuerzas policiales, en diversos días y lugares del itinerario previsto por los manifestantes, provocando decenas de heridos entre la población civil, en especial durante la intervención gubernamental del pasado 25 de septiembre.
Según Leonardo Tamburini, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), “las comunidades y la dirigencia del TIPNIS se han pronunciado más de 40 veces en contra de la apertura de un camino por su territorio desde el 2003, a través de innumerables eventos en los cuales se trató el tema. Ni la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ni el Viceministerio de Medio Ambiente han podido convencer a los pobladores de los beneficios de la carretera; por el contrario, recibieron constantes negativas aunque esas instancias públicas digan lo contrario”.
En tal sentido, la PIDHDD coincide plenamente con su reciente informe presentado en el 18º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (Véase: A/HRC/18/35, parágrafo 82), en el que se asevera que “sobre la base de la experiencia obtenida durante el primer período de su mandato, el Relator Especial ha alcanzado la convicción de que los proyectos de extracción de recursos naturales y otros grandes proyectos de desarrollo llevados a cabo en territorios indígenas o en proximidad de ellos constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo”.
Por ello, en concordancia con la resolución 6/12 del Consejo de Derechos Humanos, aprobada en su 21ª sesión, de septiembre 28 del 2007, y la invitación abierta y permanente del Estado Plurinacional de Bolivia a los “procedimientos especiales temáticos” (relatores especiales, entre otros), de febrero 10 del 2010, la PIDHDD dirige a usted un exhorto para que considere una “misión de seguimiento” a la realizada por su antecesor, el Prof. Rodolfo Stavenhagen, quien efectúo una visita oficial a Bolivia, entre el 25 de noviembre y 7 de diciembre del 2007.
Esta segunda misión tendría como propósito evaluar el estado de cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones del Prof. Stavenhagen (Véase: A/HRC/11/11, de febrero 18 del 2009), dialogar con las autoridades gubernamentales y organizaciones indígenas, y otros actores sociales e institucionales, sobre el actual conflicto social y político e identificar mecanismos que impidan situaciones de violación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas de Bolivia.
La Coordinación Regional de la PIDHDD y, en especial, su Capítulo boliviano (CBDHDD), agradecerán su respuesta a esta petición y, a la vez, ofrecen todo su apoyo político-institucional para el cumplimiento de su mandato.
Atentamente, Dr. Pablo A. de la Vega M., Coordinador Regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).