Luis Novoa, publicado en SENA , marzo 22014
La presidenta Dilma Rouseff promovió un viaje relámpago a Porto Velho y Río Branco, el día 15 de marzo, para verificar in loco el resultado de la mayor crecida observada en esa porción de la Amazonía –entre Rondonia, Acre y el noroeste boliviano. La verificación podría haberse traducido en algo más que las migajas emergenciales usuales, entregadas en casos de “calamidad pública”. Podría haber sido el inicio de averiguaciones y de evaluación consciente de los daños sociales y ambientales adicionales, más allá de los llamados “daños naturales”. Daños añadidos a otros tantos pre-existentes, producidos por intervenciones predatorias e imprevisibles, como fueron las implantaciones de las plantas de Santo Antonio y Jirau en el río Madera.
La presidente no precisaba hacer tal sobrevuelo para anunciar medidas mitigatorias estándar. Motivaciones de la campaña electoral por la reelección? Tal vez. Pero convengamos que el público objetivo en cuestión no son los diminutos electorados de los dos estados. Dilma vino en defensa de su preciosa relación con el sector eléctrico que empujó su carrera política. Vino a reafirmar que las concesiones en el sector de infraestructura son incondicionales –y por eso muy rentables para los inversionistas. Vino a abogar, con túnica presidencial, la causa de los Consorcios que detentan la concesión para aprovechamiento energético en el río Madera: “Es un absurdo atribuir a las dos hidroeléctricas la cantidad de agua que viene por el río”, afirmó la celosa Dilma. Absurda es la propia argumentación de que alguien pueda atribuir tal regalo a las hidroeléctricas. No hay registro de alguna afirmación que las hidroeléctricas multipliquen agua. Si tal milagro fuese posible los embalses del centro sur no estarían en tal bajo nivel. Es preciso no escamotear: el problema nunca fue el agua que viene por el río, pero si lo que quedó en medio camino por cuenta de dos embalses concebidos y operados sin estudios hidrosedimentológicos suficientes y que abarcasen la cuenca del río Madera.
La presidenta procuro ser didáctica en la victimización de los inversores privados que primero se empeñaron en la cruzada, vinculada al PAC, de expandir en marcha forzada la frontera eléctrica para toda la Amazonía. “Y yo hasta uso la fábula del lobo y el cordero. El lobo en la parte de encima del río le dice al cordero: usted está ensuciando mi agua´. El cordero respondió: ´no estoy, no. Yo estoy debajo de usted en el río´”. Odebrecht y Suez, controladoras respectivas de las concesionarias de la UHE de Santo Antonio y Jirau, serían el cordero? Quién sería entonces el lobo en esta fábula? La naturaleza en sí mismo, inexorable e imprevisible. Si así fuese, tales hidroeléctricas ni podrían haber sido construídas o no podrían operar más, pues fueron planeadas para hacer uso controlado del caudal hídrico, o sea, del “agua que desciende”. Dilma tergiversa y dice que ahora “vamos a trabajar para que no seamos más sorprendidos en situaciones como la que aconteció en Rondonia”. Pero si todos “fuimos tomados por sorpresa” fueron tomados en primer lugar los dos Consorcios, el IBAMA, la ANA y la ANEEL, justamente aquellos que atestaban plena viabilidad del emprendimiento y juraban detener todos los datos relevantes para el monitoreamiento del flujo y del volumen de agua que “entra en el Madera”.
Si, como dice la Presidenta, “no podemos evitar desastres naturales, pero tenemos como amenizar los daños causados por ellos”, la primera responsabilidad por la atenuación de esos daños –antes, durante y después del desastre- debería ser de los Consorcios y de los órganos licenciadores y de otorgación. Sigue en contradicción consigo misma la Presidente: “basta acordarse el ejemplo de varias ciudades en los Estados Unidos, donde existe un periodo de invierno denso, pero después de ese período, la agricultura y las condiciones estructurales de la ciudad serán apropiadamente normalizadas, eso viene del planeamiento y monitoreo. Exactamente lo que no vió, lo que no fue cobrado y fiscalizado. Planeamiento y monitoreo que ahora precisan ser efectivizados al costo de la suspensión de la licencia de operación, conforme al acertado entendimiento del Ministerio Público y de la Justicia Federal, en primera instancia, que obliga a los Consorcios a asumir la responsabilidad por los daños río arriba, además de rehacer los estudios de impacto en función del nuevo caudal máximo alcanzado.
Lo que debería haber sido condición previa (probar la capacidad del emprendimiento de adaptarse a la dinámica del río y de la cuenca) se tornó una interpelación judicial –que viene siendo soberbiamente ignorada por las empresas concesionarias. Así como obtuvieron sus licencias ambientales a pesar de los embargos técnicos y de los conflictos sociales de 2007, hasta hoy, Santo Antonio Energía (SAE) y Energía Sustentable do Brasil (ESBR) creen apenas en la ley del lobo y en su derecho de devorar al cordero, de apoderarse del río y de determinar unilateralmente su uso. Creen también en el derecho de inviabilizar el modo de vida de las comunidades ribereñas, de interrumpir el ciclo de reproducción y migración de los peces y del agroextrativismo de varzéa. Además de eso, convirtieron la ciudad de Porto Velho, capital del estado, primero en un apéndice de sus canteras de obras y después en un campo de pruebas de incidencia del caudal río abajo, lo que redundó en el desbarrrancamiento de todo su borde y en la condena de su patrimonio histórico más conocido, la Carretera de Hierro Madera Mamoré.
En diciembre de 2013, ya era posible identificar el cúmulo de precipitaciones en la región de los formadores del Madera. En enero de 2014, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), el Instituto de Meteorología (INMET y la Compañía de Investigación de Recursos Minerales (CPRM) ya describían el fenómeno llamado “Alta de Bolivia”, que, asociado a la zona de convergencia intertropical y al bloqueo proporcionado por una extensa masa de aire caliente y sequía posicionada en el centro-sur, estaba produciendo niveles de precipitación por encima de la media en los departamentos del Beni (Bolivia) y Madre de Dios (Perú). En cuanto a eso, la SAE y la ESBR, obcecadas con la maximización del aprovechamiento energético y la motorización de las plantas, se agredían en torno de nuevas cotas máximas para sus embalses. Hasta la suspensión de operaciones de las turbinas, determinada por el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) y certificado el día 24 de febrero, la planta de Santo Antonio operaba encima de la cota autorizada de 70.5 m (71.3 m según la CPRM, o 75 m según su “colega” de emprendimiento, la ESBR, pasando a operar desde entonces con una cota de 68m. Los dos embalses retuvieron agua porque planeaban maximizar su operación en el período de crecida, indiferentes y ciegos al fenómeno climático e hídrico que se instauraba en las cabeceras. Consumado el desastre, les quedó despejar el agua excedente para salvar sus instalaciones.
Nuevos estudios, si son promovidos con el distanciamiento mínimo de los intereses inmediatistas de las empresas concesionarias, podrán probar que las plantas funcionaron como una bomba de retardo y contención de agua río arriba, “ahogando” corrientes, caídas y ríos encima, dentro del territorio boliviano. Podrán probar también que la subida de las aguas río abajo, a partir de la última semana de febrero, se dio de forma muy acelerada y en discrepancia con el flujo concomitante verificable en Abuná, río arriba de Jirau. En suma, delante de la nueva y “sorprendente” crecida histórica, las plantas se mostraron ineptas para controlar o siquiera acompañar la variabilidad del caudal hídrico y de los sedimentos del río Madera. Primero super almacenaron, después pasaron a liberar grandes “bolsones” de agua con efectos fatales para comunidades ribereñas centenarias como San Carlos, Calama y Nazaré, que tuvieron sus casas, no apenas inundadas, sino arrancadas por la corriente amplificada por la abertura no programada de los vertederos de las hidroeléctricas.
La Presidenta ciertamente entiende que el funcionamiento de las plantas al filo del agua en la Amazonia debería presuponer conocimiento meticuloso y detallado de la variación del caudal y de los niveles de los ríos formadores y en formación. Como también sabe que ese conocimiento y esa capacidad operacional no existen –por causa de la flexibilización del licenciamiento ambiental que ella misma promovió cuando era Ministra de Minas y Energía y después como Presidente- ella tergiversa. Las plantas son responsables no por la crecida del Madera, con las cuales los pueblos y comunidades de la región siempre supieron lidiar hasta la construcción de las plantas, sino por sus efectos amplificados y direccionados justamente para los segmentos poblacionales que ya se encontraban más fragilizados por cuenta de los impactos acumulativos de su implantación.
Luis Fernando Novoa Garzon
Professor da Universidade Federal de Rondônia e pesquisador do ETTERN/IPPUR-UFRJ
l.novoa@uol.com.br