La historia de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana es una historia demasiado trágica y dolorosa, signada por el genocidio, la esclavización, el odio, la muerte, la violación permanente y sistemática de sus derechos humanos.

Hasta principios del siglo XX, fueron normales y aceptadas socialmente las “cacerías de indios”, el secuestro y la violación de niños y mujeres, el envenenamiento masivo, la tortura y los castigos corporales, el trabajo extremo que los llevaba a la aniquilación y el exterminio.

Los indígenas no se quedaron sumisos y pasivos ante tanta aberración y tanta desprecio y fueron muchos los que resistieron tanto abuso, tanto crimen y tanto avasallamiento.

Ahí están las figuras emblemáticas y ejemplares de los caciques Tarano y Arapo, del capitán Santos Pariamo, de Muiba, de Guayoicho, de José Santos Noco Guaji y de tantos héroes de la resistencia indígena de los cuales ni siquiera sabemos sus nombres porque la historia del genocidio amazónico es a la vez una historia oculta y silenciada desde el poder dominante, desde la sociedad hegemónica.

Es una historia que no se enseña en las escuelas ni en las universidades. Es una historia negada para los propios pueblos de la selva que tienen que seguir soportando la humillación del recuerdo de sus asesinos y esclavizadores en nombres de ríos, provincias, ciudades, en monumentos y en homenajes públicos.

Todo este horror se perpetuó, durante el siglo XX, en la persistencia de acciones invasivas y desestructuradoras contra los pueblos indígenas sobrevivientes del genocidio, esta vez a cargo del estado boliviano y las diferentes iglesias de la cultura occidental que buscaban “civilizar” a los indígenas, integrarlos e incorporarlos a la fuerza al resto de la sociedad nacional.

Si antes se buscó dominarlos, masacrando y flagelando sus cuerpos, ahora se trataba de reducirlos y de vencerlos acabando con su espíritu, con sus almas, con su propia personalidad cultural, con sus convicciones, con sus propias ideas. Esta destrucción sistemática de la identidad indígena se conoce como etnocidio, y es la otra cara de la moneda del genocidio armado y violento.

A pesar de todo este repertorio de agravios y de infamias, a pesar de tanta desgracia, tanta ignominia, tanta maldad ejercida contra ellos, los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana siguen existiendo, siguen vivos y siguen activos en la defensa de sus territorios y de sus formas propias de vida, de sensibilidad y de pensamiento.

A partir de 1990, a partir de la I Marcha Indígena, empieza todo un proceso de reconocimiento desde la nacionalidad boliviana, desde su estado y su sociedad, de la existencia de los pueblos indígenas amazónicos, un proceso que implicó, desde el principio, reconocer la deuda histórica que se tenía con ellos y todo el daño que se les había causado y por el cual casi habían desaparecido.

Este proceso nacional se contrapunteó con una dinámica internacional que apuntó en la misma dirección: el reconocimiento de los derechos indígenas. El siglo XXI, consagró, nacional e internacionalmente, esos derechos; en Bolivia, incluso, en su propia Constitución, que fue aprobada por referéndum de manera mayoritaria por el pueblo.

Sin embargo, a pesar de tanto camino sufrido y de tanto camino aprendido para que ese reconocimiento de los derechos indígenas se cristalizase en leyes y papeles de todo tipo, en los hechos, hoy vemos que las viejas y las nuevas formas de agresión e injerencia contra los pueblos indígenas siguen vigentes, siguen expresándose, siguen lastimando el cuerpo y el alma de los pueblos indígenas, siguen guiando las acciones del gobierno y de muchos que, en la vereda de enfrente, creen defender a los pueblos indígenas, pero que en concreto lo único que hacen es manipular, desvirtuar sus reclamos, ahogarlos en una lógica ajena a sus usos y costumbres, a su sensibilidad, a sus convicciones.

Todo esto, creemos sinceramente, que es el fondo de lo que hoy aparece en la superficie como el cuadro coyuntural que enmarca el conflicto del TIPNIS, la IX Marcha Indígena, su llegada a la ciudad de La Paz, la represión sistemática que ha sufrido de parte de la policía y la ola de oportunismo político que la ha venido cercando, aprovechando aquel y otros errores del gobierno.

Todo esto es, a la vez, el fondo que explica la obstinación del gobierno en construir una carretera por un territorio indígena que lo único que traerá aparejado es mayor etnocidio y una dinámica acelerada de extinción de los pueblos, una obstinación alimentada por una mala fe inocultable expresada en la aprobación de una ley de consulta extemporánea y una injerencia en las comunidades a través de dádivas y promesas y un intento de manipular a las organizaciones indígenas, como nunca se había visto antes.

Todo esta agresión a los pueblos indígenas debe cesar, debe acabar cuanto antes, debe terminar, no sólo por el daño que se le sigue haciendo a los pueblos indígenas de la Amazonía –cuyo calvario en la historia parece no tener fin-, sino por el daño que nos hacemos todos, como comunidad organizada, como sociedad, como bolivianos dignos, como seres humanos.

Es muy difícil proponer fórmulas de solución cuando el conflicto, de un lado y del otro, parece querer ser conducido a un callejón sin salida, a un punto de no retorno, a un momento tal de tensionamiento donde la única posibilidad sea que el más fuerte venza al más débil, y en definitiva, que nadie gane, que todos perdamos.

El gobierno –que finalmente es el más fuerte, el que detenta el poder de la fuerza y que por eso mismo está obligado a cumplir las leyes y proteger a sus ciudadanos- debería tomar la iniciativa y acabar con el conflicto del TIPNIS de un plumazo: declarando la suspensión indefinida del proceso de consulta, hasta que se den las condiciones para el mismo, tal y como estableció el propio Tribunal Constitucional Plurinacional.

Debería hacer esto antes de que haya que lamentar tragedias aún mayores a las vividas, producto de este dinámica perversa que promueven los oportunistas frente a la presencia de los hermanos