Mónica Oblitas Zamora
Publicado el 03/08/2017
Hace casi seis años tuve la suerte de cubrir la llegada de Trinidad a La Paz de la marcha en defensa del Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure).
Esta marcha fue la segunda, desde 1990, realizada por indígenas de las etnias Mojeño, Yuracaré y Chimán. La primera logró que el Estado promulgue el Decreto Supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990 que reconoce el área como territorio de estos pueblos, sus habitantes ancestrales. La segunda, que se realizó contra la construcción de una carretera cuyo trazo cercenaría el corazón del Tipnis, hizo noticia en el mundo luego de que los indígenas sufrieran una brutal represión policial (74 heridos y decenas de detenidos) que le costó un buen pedazo de su imagen indígena ante la comunidad internacional al presidente Morales y que hasta ahora no ha sido aclarada.
La marcha de 2011, marcó mi carrera de periodista porque vi de cerca que lo ambiental también tiene su cara social y su lucha política. Y que ambas son muy duras.
La gente que llegó a la ciudad luego de más de 60 días de sacrificio, emocionó hasta las lágrimas a los miles de paceños que fueron a su encuentro y encontraron a mujeres cansadas y cojeando con bebés en brazos, niños y niñas que caminaban de la mano de sus padres, atónitos y asustados por el recuerdo de la represión, y rostros agotados de personas mayores, que realizaron un esfuerzo inhumano que se pudo evitar. Recuerdo haber llegado al periódico con ganas de llorar.
Cuando con los colegas nos enteramos tiempo después que Sacha Llorenti, exministro de Gobierno acusado como culpable por la represión a los indígenas en Chaparina, era nombrado embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas con sede en Nueva York donde sigue ejerciendo el cargo, fuimos más los que tuvimos ganas de llorar. Y así seguimos.
La segunda marcha logró la promulgación de la ley corta de preservación del Tipnis: ley 180 y la correspondiente declaración de intangible de la zona. De esa forma el Gobierno no sólo se vio obligado a interrumpir el proyecto carretero en su tramo II, sino a prohibir el paso de cualquier carretera por el parque nacional.
Todos estábamos felices. Todos los que entendemos lo incalculable del valor de un área con mayor biodiversidad en el mundo. Los indígenas regresaron seguros a sus comunidades, aunque acompañados del escepticismo de sus viejos líderes que no estaban confiados. Y tenían razón.
El martes 1 de agosto de 2017, día donde se agradece a la Pachamama los favores recibidos y se le rinde pleitesía, una docena de afines al oficialismo, declarados Comisión de Región Amazónica, Tierra y Territorio de la Cámara de Diputados, aprobó en grande y en detalle, el proyecto de ley que elimina la intangibilidad del Tipnis. Dicen que responden a demandas de los habitantes de la zona, aunque omiten llamarlos colonizadores o cocaleros, cuya expansión aumenta junto a la producción de coca en el país (Villa Tunari está en la frontera del Tipnis). Aunque está claro este interés, tampoco hay que quitar el ojo al de las empresas brasileñas en la explotación de posibles yacimientos de hidrocarburos.
Sin embargo, la Constitución boliviana es clara. El artículo 2 otorga a las naciones y pueblos indígenas el derecho a la autonomía, al autogobierno y a la consolidación de sus entidades territoriales. El artículo 30, especifica su derecho a ser consultados de manera obligatoria cuando el Estado toma decisiones que afectan a sus territorios. El artículo 347 dice: El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente, y de los pasivos ambientales. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales.
Los habitantes ancestrales del Tipnis han dicho que no se oponen a la carretera, pero sí al trazado. El Gobierno, austero a veces, derrochador otras, dice que es más complicado y caro. Pero la realidad es que el trazo caminero puede hacerse por otro lado y si es necesario aumentar un poco de dinero, algo de los 250 millones de dólares que el Gobierno está usando para comprar aviones caza para “reforzar nuestra seguridad” (¿?), podrían servir a esta causa.
“1 de Agosto, Día de la Pachamama y día en que se decide destruir un tesoro”. Lindo titular para escribir sobre la bipolaridad ambiental de este Gobierno que con la mano hace una cosa y con el codo, la rodilla y a patadas, hace otra.
La autora es periodista.
@monicaoblitas
@editalbolivia
