Sena-FOBOMADE
A pocas horas del inicio de la consulta, el ministro Sánchez entregó a la prensa el intinerario de la misma, donde figuran 77 comunidades, de las cuales 30 se encontrarían dentro de la zona colonizada, como parte del controvertido y gubernamental CONISUR. Aunque un día después el ministro las rebajó a 69 asegurando que el Protocolo es un documento “vivo”, puso en evidencia la manipulación de información que coincide con la insistencia vicepresidencial de reducir la participación indígena en el Estado Plurinacional de acuerdo a su peso demográfico.
El territorio
Un lugar tiene el sentido que los hombres tejen a través de su historia y cultura. Y el valor que le atribuye la sociedad es lo que conforma la base de su identidad. Un lugar se convierte en territorio cuando los grupos que lo habitan están dispuestos a defenderlo. Por ello mismo, no todos los espacios son territorios, solamente aquellos espacios vividos, aquellos que han sido apropiados en su historia.
En 1990 los pobladores mojeños, yurakarés y chimanes presentes en la I Marcha Indígena demandaron el reconocimiento de su territorio, establecido como parque nacional desde 1965 por su extraordinaria riqueza natural como cabecera de las principales cuencas amazónicas de los departamentos de Beni y Cochabamba y por la preocupación que ya entonces causaba el proyecto carretero entre Villa Tunari y San Ignacio y el avance de la colonización. Así, el decreto supremo 22610 de septiembre de 1990 reconoció el Territorio Indígena y parque nacional, incluyendo además a las poblaciones de las riberas de los ríos, disponiendo fijar una línea roja para evitar nuevos asentamientos de colonos.
Fueron precisamente el líder de la I Marcha y el ahora presidente del Estado Plurinacional, los que en 1992, como dirigentes de la Sub Central y de los colonizadores del TIPNIS, respectivamente, dieron inicio a la delimitación de los puntos geográficos para separar la superficie colonizada del territorio habitado por las comunidades indígenas, lo que finalmente quedó acordado en 1994.
El 25 de abril de 1997, la Presidencia de la República otorgó el título ejecutorial de Tierra Comunitaria de Origen TCO-NAL-000002, por el que se otorga la TCO en calidad de dotación provisiona: 1.236.296 hectáreas a la Sub-central del TIPNIS.
La Línea Roja posteriormente fue redefinida en concertación de las comunidades indígenas del TIPNIS con las centrales y sindicatos colonos dependientes de la Federación de Colonizadores del Trópico de Cochabamba, que oponían resistencia al saneamiento. Se tomaron en cuenta los puntos acordados el 2004 y el acuerdo entre el SERNAP y el INRA. Quedó como una brecha de una longitud aproximada de 107 km que separa alrededor de 92000 ha de la TCO para los colonos al interior del TIPNIS. Posteriormente, un decreto de Carlos Mesa, autorizó el cultivo de coca dentro de esta área, a pesar de que seguía formando parte del parque.
El gobierno de Evo Morales entregó el 13 de junio del 2009 a la Sub central TIPNIS el título ejecutorial colectivo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) de 1.091.656 hectáreas. El título excluye el polígono 7 ubicado al sur de la Línea Roja que delimita el avance de los colonos, donde quedó pendiente el saneamiento y posterior delimitación de las comunidades indígenas todavía existentes en esa área. Años antes, el 2006, un enfrentamiento en la comunidad de San Miguelito, al interior de la TCO dio como saldo dos muertos. Lo ocurrido era consecuencia de la insistencia de los colonos de sobrepasar la Línea Roja y la poca atención de las autoridades a las constantes denuncias de la Subcentral del TIPNIS.
El territorio y los actores
En 1988 la población indígena del Isiboro Sécure, bajo el liderazgo de los pobladores trinitario moxeños se organizó y creó la Subcentral de Cabildos Indigenales afiliada a la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) con el objetivo de unificar a los pueblos que habitaban el área y consolidar el territorio, lo que fue logrado con la I Marcha Indígena. Desde entonces las gestiones de la Subcentral se concentraron en el saneamiento y la consolidación legal del TIPNIS, teniendo claro que el territorio es el espacio donde los pueblos pueden reproducir su vida.
La Subcentral del Sécure se formó a partir de demandas de utilización de recursos maderables existentes en el sector y por la venta ilegal de madera en los años 1997 y 1998 como efecto de la presencia de empresas madereras que ejercían presiones políticas y económicas regionales. La Subcentral del Sécure consiguió su personería jurídica el 2003. El reconocimiento de la Subcentral del Sécure por la CPIB provocó que la Subcentral del TIPNIS abandone la CPIB y se integre a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni – CPEMB. Así, aunque la Subcentral del Sécure obtuvo personería jurídica, la Subcentral del TIPNIS se mantuvo como titular y representante exclusivo de la TCO.
La aparición del CONISUR en la zona de colonización o Polígono 7 está indisolublemente unida al proyecto de carretera Villa Tunari San Ignacio. El CONISUR se creó con el apoyo de la Prefectura de Cochabamba, y la organización de colonizadores y proyectos del desarrollo alternativo (financiados principalmente por USAID), en la región sur del TIPNIS, afiliado a la CPITCO, que a su vez estuvo afiliada a la Federación de Campesinos. Desde sus inicios, el CONISUR, a veces solo y en otras, coordinando con la Subcentral del Sécure estuvo cuestionando la legitimidad de la Subcentral del TIPNIS en relación a la titularidad y representación exclusiva de la TCO. (SERNAP. Plan de Manejo TIPNIS)
De acuerdo al Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral y la UDESTRO (Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico), los colonos de la zona TIPNIS-SUR (comprendida entre la línea roja y límite Sur del TIPNIS) están organizados en ocho centrales con un total de 47 sindicatos, pero esta información no corresponde exactamente con la del INRA. Además los sindicatos van cambiando y expandiéndose continuamente, tal como se observa en el mapa siguiente:
El mapa, extraído del Plan de Manejo del TPNIS, documento oficial proporcionado por el Ministerio de Agua y Medio Ambiente a la Asamblea Legislativa en respuesta a la petición de informe del diputado Pedro Nuni, muestra el avance de la colonización a partir de los sindicatos existentes fuera del TIPNIS. Puede verse que todos los sindicatos dentro del polígono 7 son en realidad expansiones territoriales (o acumulación de terrenos) de los sindicatos que están fuera de la Línea Roja y probablemente de las mismas familias.
De acuerdo al mismo documento (Plan de Manejo del TIPNIS):
“La Subcentral del TIPNIS el 2001 manejaba la cifra de 59 comunidades y en 2003 la de 62 comunidades. La indefinición político administrativa del TIPNIS y las dificultades de acceso motivaron que el Censo del 2001 no tuviese cobertura en 15 comunidades y asentamientos dispersos de los ríos Ichoa e Isiboro; extrapolando los datos desde las 59 comunidades referenciadas por la Subcentral para el 2001 se tiene una población indígena en el TIPNIS que sobrepasa los 5000 habitantes, cifra que estaría más acorde con los datos de censos anteriores”.
“A partir de estos datos se establece una densidad poblacional promedio de alrededor de 0,5 habitantes / km2 del espacio ocupado por población indígena exclusivamente, mientras en la zona colona del TIPNIS la densidad es de 7 habitantes/km2, cifra relativamente alta si se considera que no existen centros urbanos.” Es decir, tomando el área del Polígono 7 que corresponde a 92000 hectáreas, se obtiene una población de 6440 habitantes del área colonizada, para el año 2002, fecha del documento citado. Es decir que ya para entonces, la población total de colonos en el polígono 7 sobrepasaba a la población indígena de la TCO. ¿Cómo será la situación 10 años después, dado que de acuerdo al mapa anterior, el 2002 los sindicatos todavía no cubrían todo el polígono 7 como en la actualidad? (Ver mapa siguiente)
Continuando con el documento: “El Censo Indígena (INE, 1994) una de las fuentes con mejor cobertura territorial, señalaba que la población total del TIPNIS alcanzaba a 4.563 habitantes de la que 52% eran varones y 48% mujeres. Según esta misma fuente, y atendiendo a la adscripción étnica, el 68% del total de la población censada en ese año se atribuye origen moxeño, el 26% yuracaré, el 4% tsimane y de otros pueblos el 2%; en la mayoría de las comunidades conviven familias de distinta etnias (ver Mapa 7 (Lehm, Z. 2002).”
“El 2002 un total de 12 comunidades indígenas yuracarés y moxeñas estaban dentro del frente de colonización al Sur de la “línea roja”. En estas comunidades las familias tenían poco acceso a recursos naturales básicos por la presencia masiva de colonos que provocó la disminución extrema de animales silvestres, incluyendo el propio suelo agrícola”. De acuerdo al Plan de Manejo del TIPNIS este hecho estaba “incidiendo en la transformación de la población indígena de la zona en un sector social marginal que se especializa en actividades económicas precarias (venta de mano de obra barata) al servicio a otros sectores” (colonos).
Pero la transformación también sería del territorio. De las 12 comunidades indígenas ubicadas dentro de la línea roja, en la actualidad solo queda una, con territorio colectivo: Santísima Trinidad. Las comunidades de Mercedes de Lolojota y San Benito, quedan sobre la línea roja y pertenecen a la Subcentral del TIPNIS, igual que San Jorgito y el Carmen, mientras que las comunidades indígenas que señala el itinerario del ministro Sánchez, como Limo, Moleto, San Antonio de Moleto, Puerto Patiño o Sasasama, dejaron de ser tales al haberse convertido en sindicatos con parcelas individuales medidas por el INRA, como puede verse en el mapa siguiente.
En el mapa, puede verse que todo el Polígono Siete se encuentra dividido en sindicatos de colonizadores, a su vez divididos en parcelas individuales y que las comunidades que Gumercindo Pradel y el gobierno dicen formar parte del CONISUR se encuentran sobrepuestas con sindicatos, lo que devela la impostura. Las comunidades que el CONISUR reclama están en azul, mientras que las comunidades indígenas de la Subcentral TIPNIS se encuentran marcadas con puntos verdes. Mercedes de Lolojota se encuentra a ambos lados de la línea roja, por cuestiones de la delimitación. San Benito y San Miguelito, también cerca de la Línea Roja y dentro de la TCO, lo mismo que San Jorgito y El Carmen al norte. Pueden verse los avances colonizadores sobrepasando la línea roja seguramente, presionando a las comunidades indígenas por la parcelación, razón por la cuál el CONISUR las reclama como afiliadas.
El caso de la comunidad indígena Sasasama, donde llegó el padre de Gumercindo Pradel cuando decidió mudarse desde Palos Blancos, refleja con claridad lo ocurrido con las comunidades indígenas del CONISUR. Las tierras donde habitaban los pobladores de Sasasama fueron convertidas en parcelas y actualmente corresponden a los sindicatos de Villa Bolívar y Agrario Sucre.
En un informe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), enviado a la Asamblea Legislativa por el entonces ministro de gobierno Carlos Romero, se detallan los sindicatos donde se destruyeron 84 fábricas de cocaína y 154 pozas de maceración el 2011. El sindicato encontrado con mayor cantidad fue Villa Bolívar, de Gumercindo Pradel, con 45 pozas y 25 fábricas. Los sindicatos donde se encontraron pozas de maceración y fábricas de cocaína se encuentran en el mapa pintados con color rojo y puede verse que coinciden con el trazo carretero existente.
Esto se refrenda con otro dato mencionado en el documento, referente a la movilidad espacial. Al respecto, es conocido que el uso del espacio que hacen las comunidades indígenas en general y de ciertos pueblos en particular, las lleva a moverse en el territorio por razones de uso de los recursos y por motivos culturales, reflejando sus formas de ocupación territorial. .
En el caso de la población de colonos, también el documento observa cierta movilidad espacial o más bien población flotante, relacionada con la erradicación de la hoja de coca, pero seguramente también relacionada con los “frentes pioneros” de colonos que son empujados a ingresar en el territorio indígena por contratos “al partir” acordados con los antiguos colonos establecidos fuera del TIPNIS y que buscan ampliar sus áreas de cultivo y otras actividades, en asociación con colonos nuevos y sin tierra a los que utilizan como mano de obra para el establecimiento de los nuevos cocales, con lo que la relación del avance territorial de la colonización sobre el TIPNIS y el cultivo ilegal y actividades conexas es indiscutible.
Para concluir, el documento citado también se refiere al proyecto carretero:
“Desde principios de siglo hasta la actualidad, desde distintos actores y sectores de interés, se ha venido impulsando un camino para articular las ciudades de Cochabamba y Trinidad. En parte se ha realizado su construcción (hasta Colonia Ichoa). La creación del área protegida, aún sin gestión, surgió como una respuesta a los planes de colonización acompañada de la apertura caminera del piedemonte amazónico, hoy conservado en el TIPNIS.
Las propuestas existentes en torno al camino no disponen de ninguna base técnica que permitan definir su viabilidad o dimensionar los impactos y efectos ambientales y socio-culturales que tendría. El trazado propuesto tiene como principal criterio el unir los dos puntos extremos de la penetración caminera en el TIPNIS (zona colona y Santo Domingo), hecho que lo inviabiliza técnicamente. El camino en su trazado original prácticamente cortaría en dos el TIPNIS. El proyecto está cargado de fuertes componentes ideológicos relacionados con el conflicto de límites interdepartamentales y de intereses de sectores concretos, siendo un ámbito de conflicto entre los distintos actores que confluyen en el área protegida. Son, sobre todo ambas Prefecturas e intereses sociales vinculados a los municipios de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos quienes patrocinan y apuestan por este Proyecto, desde argumentos regionales e intereses parciales que no obstante desconocen la doble realidad del TIPNIS como AP y TCO y no encuentran los intereses de la población indígena”.
¿30 comunidades del CONISUR o 22? Que más dá, si la población total “indígena” del Polígono 7 igual será mayor al resto del territorio indígena y puede preverse una movilización de miembros de sindicatos al interior de las comunidades/sindicato.
Por transparencia, el ministro Sánchez debería proporcionar la información del saneamiento al interior del Polígono 7, con coordenadas y áreas medidas por sindicato y su sobre posición con las comunidades del CONISUR. Más aún, sería importante que transparente las parcelas medidas y los nombres de sus poseedores, para deslindar conflictos de intereses en la dirigencia y en los representantes de la patria.