Publicado el 2010-10-06

Declaran en Estado de Emergencia la Amazonía por megaproyectos de inversión, durante IV Encuentro Trinacional de Pueblos Indígenas de Perú, Brasil y Bolivia

Entre los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2010 se realizó en la ciudad de Puerto Maldonado, al sureste del Perú la región conocida como la Capital de la Biodiversidad, el IV Encuentro Trinacional de Pueblos Indígenas de Perú?Brasil y Bolivia, denominado “Uniendo esfuerzos para consolidar la defensa territorial de los pueblos indígenas de Madre de Dios?Acre y Pando”.El encuentro tuvo la finalidad de analizar la grave situación que enfrentan los pueblos y territorios de estas naciones por la intensificación de la promoción de megaproyectos y proyectos de inversión en la Amazonía por parte de los gobiernos de Brasil, Perú y Bolivia. Al término del encuentro los representantes de las organizaciones indígenas de los tres países acordaron:

 

Sobre las políticas de Estado en la Amazonía

1. Declarar la Amazonía en Emergencia debido a la intensa promoción, aprobación y ejecución de megaproyectos y proyectos de inversión por parte de los gobiernos de Perú, Brasil y Bolivia, los cuales están afectando grave e irreversiblemente el medio natural, así como las formas de vida y el futuro de los habitantes de los pueblos indígenas y la población en general, en ámbitos locales, nacionales y transnacionales. No permitiremos que los gobiernos pongan la Amazonía en venta.

 

Consulta previa

2. Apoyarnos mutuamente para lograr que la legislación específica sobre consulta previa incorpore los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por los Estados a través de la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

3. Respaldamos la demanda de las organizaciones indígenas del Perú, de que el Congreso de la República ratifique la ley de Consulta Previa que aprobó el 19 de mayo de 2010, como resultado de un proceso de formulación participativo y consensuado con los pueblos indígenas. Mientras que esta norma no sea ratificada, el Gobierno debe abstenerse de tomar decisiones que involucren la ejecución de proyectos o cualquier actividad que pueda generar efectos negativos, en territorios de comunidades nativas y pueblos indígenas.

4. Respaldamos la propuesta de CIPOAP respecto a la situación de la construcción del Corredor Vial Norte en Pando, el mismo que debe pasar irrestrictamente por una Consulta Previa.

 

Megaproyectos y proyectos de inversión

5. Fortalecer y ampliar las alianzas con organizaciones nacionales e internacionales con miras a informar, difundir y tomar acciones conjuntas frente a la problemática que sufrimos todos los pueblos indígenas que vivimos en esta región tri?fronteriza.

6. Llevar a cabo un cabildo amazónico que nos ayude a reflexionar y alzar nuestra voz de protesta y propuesta frente a los problemas que nos afectan.

7. Formular propuestas y demandas respecto a cada uno de los temas que nos afectan: hidrocarburos, hidroeléctricas, agua, ganadería, recursos forestales, minería, Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario? PIAV, migraciones y proyectos viales.

8. Inventariar los impactos socio?ambientales producidos hasta el momento como consecuencia de la ejecución de megaproyectos y proyectos de inversión en la región tri?fronteriza.

9. Denunciamos y demandamos una indemnización justa por los crímenes que se están cometiendo contra la naturaleza, los pueblos indígenas, las comunidades ribereñas y otros pueblos ubicados en la zona de influencia de estas actividades.

 

Foro Permanente Trinacional Indígena

10. Ampliar la participación de representantes de los pueblos indígenas, en sus niveles local, regional y nacional, en el Foro Permanente Trinacional Indígena de Perú, Brasil y Bolivia.

11. Hacemos un llamado a la COICA para que se involucre, convoque y apoye la consolidación de este espacio de diálogo tri?fronterizo de la región amazónica.

12. Fortalecer el Foro Permanente Trinacional Indígena. Este estará conformado por dos representantes de cada país ? un coordinador titular y un suplente – sostendrá reuniones cada tres meses y realizará un Encuentro anual. El Foro queda abierto para el involucramiento de otras organizaciones que tienen demandas y requerimientos frente a los problemas atendidos por el Foro.

13. El Foro Permanente Trinacional Indígena tiene el objetivo de intercambiar información, concertar medidas de vigilancia de cumplimiento de normas legales, de decisiones del Estado y operaciones de las empresas; llevar a cabo acciones legales conjuntas a nivel internacional; presentar las demandas ante instancias internacionales como las Naciones Unidas; concertar medidas de protesta; concertar alternativas de mitigación de las amenazas y daños ya ocasionados por la actividad hidrocarburífera, corredores viales, actividades maderables y mineras en territorios indígenas. Estas acciones serán realizadas en coordinación con las organizaciones indígenas representativas de cada país.

14. Cada 90 días, el Comité del Foro Permanente Trinacional Indígena informará a las organizaciones que lo integren sobre la situación de los territorios de los pueblos indígenas de la zona tri-fronteriza frente a proyectos de inversión, sus impactos y los planteamientos de las organizaciones indígenas afectadas para hacerles frente. En caso de requerirse, el Comité convocará a reuniones extraordinarias.

15. Las organizaciones que integran el Foro Permanente Trinacional se comprometen a buscar financiamiento para su funcionamiento. Provisionalmente, la Universidad Federal del Acre pondrá a disposición el espacio del Centro de Antropología Indígena y Arqueología de la Amazonía Sur Occidental de Brasil, en Río Branco, para empezar las coordinaciones que sean necesarias.

 

Concesiones forestales

16. Respaldamos la petición de las organizaciones indígenas de Bolivia de reversión de las concesiones forestales al Estado y el no otorgamiento de más concesiones forestales en territorios indígenas.

17. Solicitar al gobierno peruano la incorporación de las propuestas consensuadas por las organizaciones indígenas en la Mesa 2, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, en el proyecto de Ley Forestal que se viene discutiendo en el Congreso de la República.

 

Políticas migratorias

18. Apoyar la construcción de políticas migratorias que respeten los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al libre tránsito de los pueblos indígenas transfronterizos.

 

Pueblos en aislamiento y contacto inicial

19. Declaramos a los pueblos en aislamiento y contacto inicial “en situación extremadamente grave” ante el riesgo de extinción que varios de ellos atraviesan por la violación sistemática de sus derechos fundamentales de parte de los gobiernos, a través de sus políticas de inversión, y agentes externos que invaden sus territorios o los persiguen para forzar contactos.

20. Emprender de manera conjunta y articulada la ejecución de campañas de difusión a nivel local, regional, nacional e internacional sobre los derechos indígenas en general, y de los pueblos en aislamiento en particular, promoviendo actitudes de respeto y acciones de protección.

21. Asumir un rol más activo en la protección de los pueblos aislados y respaldar a CIPIACI como organización interlocutora para la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial de América del Sur. Apoyar las acciones de vigilancia, denuncia e incidencia que realiza, a través de la canalización oportuna de información sólida y propuestas. Contribuir desde nuestras organizaciones a la obtención de fondos para el funcionamiento óptimo de este Comité.

22. Respaldamos la solicitud formal de incorporación a CIPIACI, presentada por CIPOAP y CIMAP en el IV Encuentro Trinacional de Pueblos indígenas de Perú, Brasil y Bolivia.

23. A solicitud de los presentes, CIPIACI les enviará la información que ha producido y obtenido a través de su labor, sobre normas y mecanismos de protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

24. Adoptar acciones conjuntas entre Brasil, Perú y Bolivia, a través de sus instancias administrativas, para resguardar efectivamente la sobrevivencia de pueblos indígenas en aislamiento que tienen características bi y tri?nacionales.

25. Crear un mecanismo de control social y monitoreo coordinado por organizaciones indígenas e integrado por ONGs y otros de naturaleza académico?científica, apoyando y evaluando las acciones del gobierno.

26. Implementar campañas de difusión y sensibilización en favor de los pueblos aislados y sus derechos, entre ellos, el derecho a la autodeterminación y el territorio.

27. Exigimos a los Gobiernos que, dada la forma de vida y vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, se impida la presencia de agentes externos, incluyendo fuerzas militares de frontera, al interior de sus territorios.

28. Los gobiernos brasileño, peruano y boliviano deben diseñar e implementar políticas de defensa y protección de los pueblos aislados, fortalecer sus instancias administrativas e instituciones responsables de velar por sus derechos y establecer mecanismos de permanente diálogo con las organizaciones indígenas.

29. Respaldamos la demanda de las organizaciones indígenas de la Amazonía peruana al INDEPA, de cumplir con sus funciones y responsabilidades relacionadas a garantizar la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

30. Vigilar el cumplimiento de la legislación a través de la cual se aplican sanciones contra quienes ingresen sin autorización a los territorios habitados por pueblos en aislamiento y contacto inicial.

 

Demandas a los Gobiernos

1. Demandamos a los Gobiernos de Perú, Brasil y Bolivia, el cumplimiento y respeto irrestricto del derecho a información, la consulta previa y el consentimiento de los pueblos indígenas, reconocido por nuestros países a través de la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Demandamos a los Gobiernos respetar la legitimidad de las organizaciones indígenas en todos sus niveles constituidos de acuerdo a sus estructuras en base a sus normas, usos y costumbres propias no propiciando la fragmentación de éstas con la intensión de facilitar la concreción de sus planes sobre nuestros territorios.

3. Demandamos a los Gobiernos peruano y boliviano la cancelación del Proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica del Inambari, en Perú, y Cachuela Esperanza, Municipio: Nueva Esperanza, del Departamento de Pando?Bolivia, ante el incumplimiento del derecho a la consulta previa de parte ambos Estados antes de aprobarlos, las irregularidades cometidas a lo largo del proceso de promoción de estos proyectos, como su falta de difusión entre los afectados y los gravísimos impactos socio ambientales previstos, entre los cuales destacan los desplazamientos forzados de cientos de hermanos asentados en el área de los proyectos y la destrucción de cientos de hectáreas de bosques y ríos, los cuales proporcionan los recursos que la población necesita para vivir.

4. Demandamos al Gobierno peruano la paralización de los estudios sobre explotación hidrocarburífera que viene realizando en el pozo Candamo y el replanteamiento de este proyecto, excluyéndolo del Parque Nacional Bahuaja Sonene, ante los gravísimos impactos socio ambientales que generaría su ejecución en esta Área Natural Protegida, territorio ancestral indígena y zona de cabeceras de ríos de vital importancia para la población de la frontera peruano –boliviana.

5. Demandamos la paralización de las operaciones hidrocarburíferas que se vienen ejecutando en el lote 76, así como su exclusión del área de la Reserva Comunal Amarakaeri ante los graves impactos y conflictos que este proyecto está produciendo en los pueblos indígenas, y podría producir en los bosques y las cabeceras del río Madre de Dios, del cual depende la regulación hídrica de toda esta cuenca tanto en Perú, Bolivia y Brasil.

6. Demandamos a los gobiernos de Perú, Bolivia y Brasil declarar de Alta Prioridad la aplicación de mecanismos efectivos de protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial y su protección, en base al respeto de sus derechos fundamentales.

7. Demandamos a los gobiernos el reconocimiento oficial de los territorios de los pueblos en aislamiento y contacto inicial en áreas transfronterizas y establecer una faja de protección etno?ambiental y zonas de amortiguamiento que aseguren su integridad física, socio cultural y territorial.

8. Demandamos a los Gobiernos de Perú, Brasil y Bolivia la prohibición de otorgamiento de derechos de explotación de recursos naturales o cualquier otra actividad, a favor de terceros, en territorios ancestrales reconocidos o no reconocidos de pueblos indígenas, pueblos en aislamiento y contacto inicial, y declarar la intangibilidad de estos territorios. En este sentido, respaldamos la demanda de las organizaciones indígenas del Perú, de que el Estado modifique el artículo 5 de la Ley para la protección de los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

9. Demandamos al Gobierno peruano la investigación y aplicación de sanciones a los responsables de la promoción de la construcción de la carretera Puerto Esperanza?Iñapari, que amenaza la vida de los pueblos en aislamiento que habitan la zona transfronteriza Madre de Dios?Acre, en los ríos Yaco y Chandless.

10. Demandamos al Gobierno boliviano su voluntad política de apoyo a la Demanda de los Territorios de los Pueblos Indígenas Pacahuara para su consolidación territorial y hacer de ésta una Reserva Natural Indígena libre de agentes externos.

11. Exigimos al Gobierno boliviano el irrestricto respeto y la consolidación inmediata de los territorios indígenas de Tierras Bajas, especialmente en la zona amazónica.


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