Publicado el 2012-07-10

En defensa de la Casa Grande: una batalla decisiva en el territorio

Zulema Alanes Bravo

Este 2012 se cumplirán 30 años de la creación de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB.  Fue en octubre de 1982 cuando el movimiento indígena terminó de colocar los cimientos de la Casa Grande, que originalmente agrupó a cuatro pueblos del oriente boliviano – Guaraní-Izoceños, Chiquitanos, Ayoreos y Guarayos – y que actualmente cobija a los 34 pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia.

La creación de la CIDOB exigió un largo proceso de unificación de los pueblos indígenas del oriente que se inició en los años 70, bajo la conducción del Capitán Grande guaraní, Mburuvichaguasu Bonifacio Barrientos Iyambae, llamado también Sombra Grande. Viajero constante, en conexión genuina con la naturaleza, Sombra Grande, tenía un sólido criterio de la realidad de sus pueblos, y absoluta claridad respecto de los desafíos y problemas que debían enfrentar para alcanzar las metas trazadas.

A 30 años del sueño realizado del “indio” Bonifacio – como solían llamarlo con desprecio las élites del oriente boliviano – la Casa Grande está bajo amenaza.  Como lo hicieran en el pasado las élites racistas del oriente, hoy desde el occidente se ha trazado un plan para ocuparla, dividirla y ponerla al servicio del poder de turno.

La ocupación fue diseñada bajo la lógica de una guerra de alta intensidad: atacar por todos los flancos posibles y con todas las armas imaginables.  Mientras la dirigencia y las bases de la CIDOB – niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres –  transitaban los caminos en defensa de su territorio y reclamando por su dignidad, esta estrategia desplazó la violenta acción policial, insultó a través de voceros oficiales, desprestigió a la dirigencia, desplegó millonarias campañas mediáticas para tergiversar la realidad, pactó acuerdos signados por la prebenda, y planificó el desconocimiento a las autoridades legítimas.

No es la primera vez que se apunta a la destrucción del tejido organizacional del movimiento indígena de tierras bajas. Para sólo mencionar los hechos más recientes, el 11 de septiembre de 2008, también se desató la violencia política y racial contra las sedes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB y de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, CPESC.  Entonces, los edificios fueron intervenidos violentamente y su dirigencia fue amedrentada y perseguida por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), dependiente del Comité Cívico de Santa Cruz que veía en las sedes indígenas el botín de guerra que simbolizaba el avance para el logro de su pretendida  autonomía.

¿Paradojas del proceso de cambio? Hoy la arremetida proviene del gobierno dizque encabezado por un indígena que se ha propuesto dar un golpe a la institucionalidad de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).   Se quiere la cabeza de Adolfo Chavez y, a partir de ello, iniciar el proceso de cooptación del movimiento indígena del oriente boliviano y, como todo se trama bajo la inspiración militar de la más alta autoridad que colabora con la presidencia, no está por demás sospechar que se quieren reditar viejos y trágicos pasajes de la historia, aquellos que fueron escritos por los años 60, cuando el gobierno del MNR, que había empezado a transitar el camino de la contra revolución, proyectó su propia crisis  hacia las organizaciones campesinas, alimentando las pugnas internas por la hegemonía entre los principales líderes del agro.  Primero armó la ch\'ampa guerra en el Valle Alto, entre Cliza y Ucureña, de 1959 a 1964, que cobró cientos de vidas y, luego, con la estrategia de dividir para reinar, diseñada al igual que ahora desde el poder estatal, facilitó el Pacto Militar Campesino que terminó trágicamente en 1974, luego de la Masacre de Tolata y Epizana que cobró un saldo de 70 muertos.

Esos hechos no se borran de la memoria del pueblo, están presentes para discernir las estrategias que se trazan en el afán de someterlo.

Pero la arremetida frontal, la violencia física y verbal, la indiferencia estatal, es respondida con dignidad y tolerancia y, tal vez sea la palabra de Bertha Bejarano, presidenta de la IX Marcha Indígena la que exprese mejor el sentido de la ética indígena.

Al anunciar el repliegue estratégico de los marchistas – niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres – que esperaron infructuosamente la apertura del diálogo con el gobierno, dijo que se van de La Paz, porque tras dos semanas de vigilia y después de 62 días de marcha, no hubo diálogo y lo único que recibieron fueron gases, mojazón y represión.

Con su bebé en brazos, con lágrimas en los ojos, pero con una fortaleza contagiante, anunció que la tarea de urgencia que les impone la coyuntura es la defensa de la “Casa Grande”, lo que los obliga a irse a Santa Cruz, para proteger la sede de la CIDOB que simboliza la preservación de la unidad de los pueblos indígenas sobre la base de la solidaridad, la autonomía y la tolerancia que reivindica la independencia político partidaria y religiosa, y el rechazo a todo tipo de injerencia externa.

Luego de librar esa batalla, lo dijo Bertha Bejarano, su próxima trinchera será el territorio, desde donde defenderán al TIPNIS de la consulta del gobierno.

Dejó en claro que en esta fase de la lucha, no sabe si la defensa será pacífica, pero que al gobierno le debe quedar claro que “así como a nosotros no nos dejaron entrar a la Plaza Murillo, nosotros, NO LOS VAMOS DEJAR ENTRAR EN EL TIPNIS”.

El TIPNIS ya ganó, la historia del denominado proceso de cambio tiene un antes y un después de las dos marchas indígenas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.

Terminó una etapa. Empieza otra. Tal vez la decisiva.


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