Publicado el 2011-09-26

Las protestas arrinconan al gobierno de Evo Morales

SENA-Fobomade

Se reactiva la VIII Marcha Indígena en San Borja; de Oruro parte una segunda marcha hacia La Paz; declaran paro cívico indefinido en Beni; un levantamiento popular rebasa a la Policía en Rurrenabaque; se instalan ayunos en Santa Cruz y Cochabamba, y se masifican las movilizaciones ciudadanas en Pando y La Paz en apoyo a los indígenas de tierras bajas.

La VIII Marcha Indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) partió el 15 de agosto de Trinidad y fue desbaratada este domingo a pocos metros del puente San Lorenzo, a unos 6 kilómetros de la población de Yucumo, con el uso de la fuerza bruta, por orden del gobierno de Evo Morales .

Ni siquiera los periodistas se salvaron de la represión, constató el Servicio de Noticias Ambientales del Foro Boliviano sobre Medioambiente y Desarrollo (SENA-Fobomade). La ciudadanía del país está consternada por la brutal golpiza y la sañuda persecución de la que fueron víctimas los pueblos indígenas, nada menos que por instrucción del “primer presidente indígena” de Bolivia.

En más de un mes de movilización, el gobierno no había podido detener el avance de entre mil y 1.500 marchistas de tierras bajas, los cuales soportaron estoicamente un descomunal matonaje mediático y decenas de innobles estrategias planificadas en Palacio de Gobierno para sabotear la movilización.

En principio el Ejecutivo pretendió desprestigiar a la movilización; luego corrompió a ciertos sectores para que abandonen la marcha, y finalmente consumó la división de los originarios escenificando \\\"consultas públicas\\\" paralelas e ilegítimas en las comunidades de Santo Domingo y San Antonio. Evo quiere hacer lo mismo el 1 de octubre en las poblaciones Aroma y Villa Bolívar. (ABI)

Además de la guerra sucia, el masismo fue endureciendo su política represiva, al punto de organizar un bloqueo anti indígena en Yucumo con el concurso de un minúsculo grupo de la burocracia sindical campesina allegada al senador masista Fidel Surco.

Con el pasar de los días el “gobierno indígena” se desprestigió cada vez más, mientras aumentaban en progresión geométrica las muestras de apoyo a los pueblos indígenas y el repudio al “mal gobierno” de Morales. El régimen estaba consciente de que la indignación ciudadana se desbordaría en cualquier momento, y por esa razón prefirió cortar el seco la marcha indígena, tal vez sin sopesar el enorme costo político que implicaba vulnerar de manera flagrante el derecho a la protesta.

El operativo represivo del pasado domingo fue cuidadosamente planificado y precedido por una intensa campaña propagandística que tuvo como clímax el presunto “secuestro” del canciller David Choquehuanca el sábado, cuando un grupo de mujeres indígenas lo obligó a marchar junto a ellas, logrando así romper el cerco policial en inmediaciones del arroyo Chaparina.

El acto de valor de las mujeres indígenas tuvo un enorme impacto mediático y envalentonó a los marchistas. Fue una sonora cachetada a las fuerzas represivas; y el gobierno no estaba dispuesto a perdonar semejante “humillación”. El canciller fue “atropellado y humillado ante el pueblo boliviano y el mundo” por los marchistas que pusieron en peligro su vida al utilizarlo como escudo humano para romper una barrera policial... “El canciller fue atropellado y literalmente estuvo prisionero por un grupo de activistas radicales… fue un secuestro sin precedentes”, graficó el ministro de la Presidencia Carlos Romero.

El gobierno se desquitó al día siguiente ordenando una sañuda represión abundante en gases lacrimógenos y balines de goma, con el objetivo de abortar definitivamente la marcha pacífica. La prensa y varios testigos presenciales aseguraron que la tropa policial se entremezcló entre los indígenas sigilosamente y desató de improviso la represión, provocando confusión y pánico entre las familias indígenas.

Medio millar de efectivos policiales intervinieron sorpresivamente el campamento improvisado a la vera del camino. Las mujeres fueron agredidas, sus hijos huyeron al monte y los líderes de la marcha fueron detenidos, entre ellos el presidente de la Subcentral TIPNIS Fernando Vargas. Los efectivos rompieron la marcha a palazos, patadas y puñetes; a estas horas recorren por el mundo cientos de fotografías y videos de indígenas brutalmente golpeados, maniatados y amordazados con cinta adhesiva. El SENA-Fobomade constató que los efectivos entorpecieron el trabajo de la prensa, impidieron el libre tránsito de los periodistas y arrebataron las cámaras de algunos reporteros.

La represión policial frenó temporalmente la movilización indígena, pero todo indica que ésta continuará en los próximos días. El ex viceministro de Tierras Alejando Almaraz que se encuentra en la zona de conflicto confirmó a la Red Erbol que los marchistas continuarán avanzando por el monte hacia la ciudad de La Paz.

Se masifican las protestas

La violenta intervención policial terminó por romper los lazos que sujetaban la frágil alianza del gobierno del MAS con los pueblos indígenas de tierras bajas y una amplia gama de organizaciones sociales y activistas de clase media. Según varios observadores, la inhumana represión anti indígena marcó un punto de inflexión en el denominado “proceso de cambio” y finalmente desenmascaró al Presidente autoproclamado “defensor de los indígenas y de la Madre Tierra”.

“Este es un falso gobierno indígena, Evo Morales es un traidor a su propia clase”, deploró el dirigente obrero de Oruro Jaime Solares. La líder guaraní Justa Cabrera dijo que Evo se ha convertido en el “capataz de las transnacionales” Petrobras, Repsol, Total y Petroandina, y lo comparó con los caporales que apaleaban a los indígenas esclavizados en las haciendas del chaco.

La Defensoría del Pueblo, representantes de Naciones Unidas en Bolivia, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y varias otras organizaciones de la sociedad civil también condenaron la brutal represión a la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS. Instituciones no gubernamentales que no se habían pronunciado hasta ahora convocaron a debatir amplia y democráticamente sobre el modelo de desarrollo que desea el pueblo boliviano.

El gobierno de Evo Morales enfrenta una escalada de protestas sin precedentes. Este lunes se masificaron las movilizaciones ciudadanas en varias capitales del país. El Comité Cívico de Beni declaró paro indefinido; hubo un alzamiento popular en Rurrenabaque; se instalaron piquetes de huelga de hambre en Santa Cruz y Cochabamba; indígenas de Oruro iniciaron una segunda marcha hacia La Paz, y los indígenas reprimidos se reagrupan en San Borja para reanudar la caminata hacia la sede de gobierno.

La indignación ciudadana no solo se generaliza en las calles sino también en el seno mismo del Poder Ejecutivo. Prueba de ello es la renuncia irrevocable de la Ministra de Defensa Cecilia Chacón y el malestar expresado por otras autoridades como el viceministro de Minería Fredy Beltrán y el senador oficialista Eduardo Maldonado, quien consideró que el proceso de cambio está seriamente fracturado. El Ministerio de Culturas, la ONU Mujeres y la Coordinadora de la Mujer decidieron suspender el Seminario Internacional Mujeres en Diálogo: Avanzando hacia la Despatriarcalización en Bolivia, que debía comenzar hoy con la participación de más de 400 intelectuales, líderes y activistas de América Latina, España y Bolivia.

Luego de la violenta intervención policial del domingo, al menos 270 marchistas –entre ellos el diputado Pedro Nuni y los dirigentes Celso Padilla y Fernando Vargas– fueron trasladados a la fuerza en 11 camionetas y tres buses hasta la localidad de Rurrenabaque, para de allí ser embarcados en un vuelo comercial con rumbo a sus poblaciones de origen.

Sin embargo, esta mañana indígenas tacanas y pobladores de Rurrenabaque tomaron el aeropuerto, encendieron fogatas en la pista, impidieron el arribo y la partida de aviones, y lograron liberar a los detenidos. El alzamiento popular rebasó a los efectivos de la Policía y los obligó a replegarse, reconoció el ministro de gobierno Sacha Llorenti. Mientras tanto en la capital Trinidad, el Comité Cívico de Beni declaró al medio día paro general indefinido en todo el departamento. Las comunidades chimanes de La Cruz y Tacuaral de Beni masificaron los bloqueos en los ingresos a las ex concesiones forestales Bosques del Norte, Bolivian Mahogany y Fátima. 

En el departamento de Pando, al menos mil originarios del municipio indígena de Blancaflor tomaron físicamente el aeródromo de la zona y bloquearon la carretera hacia Cobija. Por otro lado, las vigilas ciudadanas instaladas en Cochabamba y en puertas de la catedral de la ciudad de Santa Cruz se convirtieron en huelgas de hambre; la Asamblea del Pueblo Guaraní instaló un piquete de ayuno en Camiri, y la Iglesia Católica convocó a una vigilia el martes para orar por la paz y el diálogo.

En La Paz más gente se ha plegado a la vigilia instalada hace siete días por mujeres indígenas de CONAMAQ, CIDOB y CPILAP en puertas de la Catedral de San Francisco.  Al momento participan en esa manifestación unas 400 personas, entre ellas la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Yolanda Herrera; el secretario ejecutivo del Magisterio Urbano de La Paz José Luís Álvarez; el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín; la socióloga Silvia Rivera y decenas de dirigentes de FEJUVE La Paz y El Alto.

En la mañana del 26 de septiembre al menos cinco mil personas marcharon por el centro de la ciudad de La Paz, en la movilización más grande registrada hasta la fecha en solidaridad con los indígenas maltratados por el gobierno. “Evo, Sacha, el pueblo no se agacha”; “los niños no se matan carajo”; “Evo decía que todo cambiaría, pero todo es la misma porquería”; “Evo traidor te espera el paredón”; “Evo malhecho, el bosque es un derecho”, gritaron los paceños de clase media.

En las movilizaciones registradas el 26 de septiembre en La Paz, Riberalta y Tarija los ciudadanos exigieron la renuncia de los ministros de Gobierno y de la Presidencia Carlos Romero por su probada ineptidud, y algunos pidieron la renuncia del propio Presidente “traidor del proceso de cambio”.

En Oruro, delegados de los ayllus de Kara Kara iniciaron una marcha hacia la ciudad de La Paz en apoyo a los indígenas reprimidos. Por su parte, la Central Obrera Boliviana (COB) confirmó el paro nacional convocando para el 28 de septiembre.

Entretanto, los indígenas reprimidos se reagrupan en la ciudad de San Borja y se preparan para reanudar la VIII Marcha Indígena en cualquier momento, con más fuerza y con la participación de mucha más gente.


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