Publicado el 2011-05-04

Contrarreforma agraria

SENA-Fobomade

La burocracia campesina y Evo pretenden liquidar la reforma agraria comunitaria y mercantilizar la tierra en Bolivia.

Julio Urapotina fue posesionado el 19 de abril como nuevo director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La burocracia campesina finalmente logró consolidar la ocupación política y administrativa en el Ejecutivo, tomó el control absoluto del proceso de saneamiento de tierras hasta el año 2013, y ahora tiene el camino libre para liquidar la reforma agraria comunitaria y liberalizar el mercado de la tierra en Bolivia.

La Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (LRCRA), cuyos ejes centrales son la titulación y la dotación comunitaria de propiedades agrarias colectivas, es el instrumento principal de la revolución agraria que impulsa el gobierno de Evo Morales desde 2006.

El objetivo de la LRCRA es reconstituir territorios indígena originario campesinos (TIOC) mediante la redistribución de propiedades comunitarias o colectivas indivisibles, imprescriptibles, inembargables, inalienables e irreversibles, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE).

El mandato constitucional es reconstruir TIOCs  ancestrales que comprenden áreas de producción, aprovechamiento y conservación de recursos naturales (artículos 394 III, 395 I y 403 II), con el fin de cohesionar y consolidar la identidad cultural y poder político de las comunidades para que desarrollen nuevas formas de reproducción económica y social alternativas al capitalismo.

Así, el TIOC se constituye es uno de los fundamentos del “proceso de cambio”, mientras que la LRCRA es un instrumento clave en el “proceso de descolonización” iniciado en 2006, el cual intenta corregir las perversiones de la vieja reforma agraria que desde 1953 tituló individualmente pequeñas, medianas y grandes propiedades agrarias, fomentando el individualismo, la mercantilización y la fragmentación de la tierra en el país.

Sin embargo, desde los primeros años de gobierno de Morales, la LRCRA y el TIOC han sido duramente combatidos por los grandes propietarios aglutinados en gremios agroempresariales, y por cúpulas del sindicalismo campesino vinculadas al oficialismo.

Los grandes hacendados conspiraron abiertamente contra la LRCRA y se levantaron en armas para defender sus latifundios heredados; mientras que la burocracia campesina amparada por el poder político no ha cejado en su intento de perforar la norma, aspirando a sustituir a los primeros, explica el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.

Según Almaraz, los latifundistas “blancos” y los latifundistas “originarios” defienden intereses de clase antagónicos, pero comparten una causa fundamental: Ambos bandos pretenden legalizar el mercado de la tierra, condición imprescindible para acumular propiedades agrarias individuales.

La conspiración campesina

La LRCRA y la Constitución “discriminan al campesinado nacional”, “privilegian” a los originarios de tierras bajas y han creado un nuevo tipo de “latifundio indígena”, aseguran los burócratas que controlan la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa y otros gremios cercanos al MAS.

El ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz no dio cobertura a los sectores del occidente y del valle, y se abocó al saneamiento de TCO; “fue soberbio e hizo poco para sanear las tierras no sólo de los campesinos, sino también de las comunidades indígenas interculturales y ex colonizadores”, se queja el senador Fidel Surco (MAS).

Según el secretario de Tierra y Territorio de la CSUTCB Dionicio Cabrera, “falsos indígenas” trasladados de Potosí y Oruro han conformado nuevos latifundios en el oriente, Chaco y en el norte del departamento de La Paz, donde “60 familias concentran más de mil hectáreas”.

“No puede ser que las tierras fiscales se queden en manos de los indígenas, la tierra hay que repartirla equitativamente para todos… nosotros también tenemos derecho a la tierra igual que ellos”, reclaman la dirigente cocalera Leonilda Zurita y el ex líder campesino y actual senador del MAS Isaac Avalos.

Pero, ¿la política agraria del gobierno es realmente “pro indígena” y “antidemocrática” y sólo favorece a los pueblos “indígena originario campesinos” (IOC) de tierras bajas, y no así a los campesinos y a las comunidades interculturales de los valles y el altiplano, como afirman los dirigentes campesinos?

El INRA saneó hasta ahora cerca de 55 millones de hectáreas, 21 millones como TCOs indígenas; 6 millones de hectáreas como propiedades comunales campesinas con título colectivo, y 2 millones de hectáreas a favor de pequeños propietarios, en su mayoría campesinos. Casi todas las tierras fiscales distribuidas hasta el momento han beneficiado a comunidades campesinas.

“Hubo mayor dinámica en tierras bajas porque las mismas organizaciones indígenas han sido activas en sus demandas; hubo rezagos en la titulación de tierras a comunidades campesinas porque ex dirigentes de la CSUTCB se opusieron al saneamiento”, explica el ex director del INRA Juan Carlos Rojas (Erbol). Ese fue el caso de la TCO Ayopaya en el departamento de Cochabamba.

Los comunarios de Ayopaya reclamaban un territorio comunitario desde 2003; el INRA pudo sanear y titular dos de los cinco polígonos de la TCO, pero el dirigente campesino y jefe del MAS de Cochabamba Feliciano Vegamonte obstruyó el trámite y paralizó el saneamiento de la TCO de Ayopaya. [1]

Si su objetivo era “democratizar” el acceso a la tierra, ¿por qué la cúpula campesina saboteó la titulación de la TCO de Ayopaya y de otros territorios? Simplemente porque no quería tierras con título colectivo, sino propiedades agrarias individuales que se puedan heredar, comercializar e hipotecar.

“Quienes piden titulación individual solo quieren vender y negociar con la tierra, pero la Madre Tierra no se vende porque no es una mercancía”, respondió el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz  a las cúpulas campesinas que desplegaban “su consabida retórica antilatifundista y presionan, subrepticia pero intensamente, por acceder a la apropiación y al lucro individual de la tierra”.

Por esa razón, el senador electo por Santa Cruz Isaac Ávalos pidió las cabezas Almaraz y del director del INRA Juan Carlos Rojas, acusándolos de hacer “poco o nada” por los campesinos; y el 6 de enero de 2010 envió una carta al Presidente Morales reclamando dos ministerios, cinco viceministerios y la dirección nacional del INRA como cuota de poder de la CSUTCB en el Ejecutivo.

El cacique masista y otros burócratas derrocaron a Almaraz el 30 en enero de 2010, pusieron en su lugar a un hombre de confianza, y desde el 2 de febrero de 2010 desplegaron una furibunda campaña orientada a restituir la distribución individual y el libre mercado de tierras, lo que significaba reproducir el viejo modelo agrario nacionalista que fragmentó y concentró la tierra en pocas manos.

La contrarreforma agraria

“La CSUTCB tomó la iniciativa de rediscutir el sistema de propiedad de la tierra a partir de una modificación a la Ley INRA”, confesó el nuevo viceministro de tierras Víctor Camacho, y presentó un anteproyecto de ley que restituye la propiedad privada individual y el libre mercado de tierras, y reclasifica la propiedad agraria en Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y Tierras Comunitarias Campesinas (TCC).

Camacho explicó que en el ámbito agrario se manejan diferentes criterios respecto al derecho de propiedad de la tierra y a la administración del territorio donde se construye la vida, la cultura y la producción de pueblos indígena originario campesinos. Dice que el territorio incluye sistemas de administración y tenencia de tierras, medio ambiente y sistema biofísico “no necesariamente colectivos”.

Según Camacho, las diferentes culturas del Estado Plurinacional han configurado dos formas de tenencia del territorio: la privada y la comunitaria. Su anteproyecto tiene el propósito de reconocer ambas formas de posesión y consolidar un pacto entre campesinos e indígenas con el fin de solucionar problemas relacionados con la distribución territorial.

¿Cómo resolverán los conflictos entre lecos y campesinos, y entre Yuquis y cocaleros en el Tipnis?, le preguntó el director de la Fundación Tierra Gonzalo Colque. “Hay dos legitimidades, los lecos que reivindican una posición original del territorio y los otros que ocuparon ese territorio, pero ambas tienen su derecho, por eso llamamos territorio en conflicto”, respondió Camacho.

¿Las tierras comunitarias se quedarán como están o serán despojadas y ocupadas con propiedades individuales campesinas?, consultó Gonzalo Colque. “Tendremos una realidad consolidada a favor de comunidades originarias de tierras bajas y no entrarán campesinos bajo ningún punto de vista, pero (los poseedores de TCOs) tendrán que demostrar su capacidad de defensa, de uso correcto de su territorio, (porque) si no lo defienden ese título podrá quedar en nada; la única condición es administrar bien la tierra”, señaló Camacho.

“En Tarija estamos preocupados (por el nuevo proyecto agrario) porque puede traer problemas y parece que el gobierno quiere que haya confrontación… Hace cinco días hablamos con el viceministro y nos dijo que no conocía la propuesta de los campesinos, pero resulta que ahora la conoce de memoria; debería ser sincero con nosotros, él ha hecho la ley”, cuestionó el presidente del consejo de capitanes del pueblo Guaraní Justino Zambrana. 

Camacho se defendió: “La CSUTCB me invitó a ser parte de su equipo de consultores y sí he trabajado una propuesta, pero sería irresponsable decir que fue hecha por mí”. Luego, enumeró las tesis centrales de su proyecto: “lo primero es una tenencia (de la tierra) equilibrada; otro tema es que se deben territorializar las comunidades campesinas en tierras altas y eso implica leyes y reglamentaciones. Además del proceso de titulación, entraremos en el apoyo de la producción y la administración de las tierras”.

 “El viceministro anuncia que van a administrar (la tierra), pero eso ya lo dice la Constitución; promete que no se tocarán ni se parcelarán las TCO de manera individual y que no habrá colonización campesina, pero desconfiamos… basta de abogar por un sector, (el viceministro debería) ser ético…”, retrucó Justino Zambrana.

El Viceministro se comprometió a trabajar con todos los sectores agrarios, incluidos los empresarios, pero recalcó que la contrarreforma agraria no retrocederá: “Quiero dejar claro que tenemos tres desafíos fuertes en el tema tierras que hay que trabajar: primero consolidar el derecho propietario campesino; segundo, hacer realidad la expropiación para territorializar a las TCOs, y tercero (buscar mecanismos o ver la forma) de entrar en el mercado…”. 

Camacho fue destituido el 4 de mayo de 2010, la contrarreforma agraria siguió avanzando y a mediados de 2010 la nueva elite campesina dio un nuevo golpe: Propuso censar a los indígenas del oriente del país, cuantificar sus verdaderas necesidades territoriales y redistribuir equitativamente las tierras “excesivas” de TCOs ya tituladas y consolidadas por el propio Presidente Morales.

“Estamos pidiendo una revisión de las TCO para saber si justifica o no justifica la cantidad de tierras que tienen, y si no se justifica quiere decir que tenemos nuevamente tierras ociosas en Bolivia”, explicó el secretario de Tierra y Territorio de la máxima organización sindical de los trabajadores del agro Dionisio Cabrera. (Erbol)

“No queremos anular las TCO, planteamos un estudio especial que diga cuántos indígenas hay en el oriente”; el plan es recortar o fraccionar los territorios comunitarios y redistribuirlos como propiedades individuales campesinas, o en su caso como “co propiedades” indígena-campesinas, confesaron algunos dirigentes al diario La Razón.

Campesinos e indígenas luchan por la tierra

Los campesinos enfrentaron abiertamente a sus hermanos indígenas, acusándolos de “traicionar el proceso de cambio”. Viendo resquebrajarse la alianza indígena originario campesina, el sostén más importante de su gobierno, por primera vez en cinco años el Presidente Evo Morales cayó postrado por una crisis nerviosa.

Muy rara vez enfermó el Mandatario desde que asumió el mando en 2006. Sus nervios de hierro soportaron un intento de golpe cívico empresarial e innumerables conspiraciones mediáticas, pero se rindieron el 29 de septiembre de 2010. Aquejado por náuseas, vómitos y otros males digestivos, el Presidente Morales tuvo que guardar reposo y no pudo cumplir normalmente su agenda de trabajo en Palacio Quemado durante cinco días.

El vocero presidencial Iván Canelas informó que Morales padecía una intoxicación alimentaria, pero fueron las rabias y las preocupaciones las que lo tumbaron en cama. No era para menos, el 21 de junio de 2010 se había activado la primera marcha indígena nada menos que contra el “primer presidente indígena” del país.

Más de 500 originarios de tierras bajas afiliados a la Central de Pueblos Indígenas de Beni (C-PIB), Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni (CPEM-B) y a la Central Indígena de Pueblos Amazónicos de Pando (CIPOAP) iniciaron en Trinidad, capital del departamento de Beni, la VII marcha indígena “Por el territorio, la autonomía y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas”.

A mediados de julio de 2010, más de mil indígenas se concentraban en la localidad cruceña de Ascensión de Guarayos esperando una orden para reanudar la marcha por autonomía y territorio, mientras el Movimiento de Trabajadores Campesinos Indígenas Sin Tierra de Bolivia (MST-B) iniciaba en Santa Cruz la segunda marcha nacional por la tierra, exigiendo una “reforma agraria verdadera”. [2]

El 29 de septiembre, la burocracia campesina y una fracción del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq) reafirmaron su “apoyo militante e incondicional al proceso de cambio y al liderazgo de Evo Morales Ayma” en Palacio de Gobierno, y fustigaron duramente a los indígenas de la CIDOB “financiados por ONGs y grupos de derecha” que utilizan la demanda autonómica para “enfrentar a indígenas y campesinos” y para “violar y deslegitimar la Constitución Política del Estado”.

Las seis federaciones de productores de coca de Chapare advirtieron que no permitirán que la marcha indígena “traidora del proceso” ponga un pie en esa región del trópico de Cochabamba. Combatiremos a los “conspiradores”, amenazó el jefe máximo de la CSUTCB Roberto Coarite.

La ejecutiva de la Confederación de mujeres campesinas Leonilda Zurita, el senador Fidel Surco y otros militantes del MAS se declararon en estado en emergencia y llamaron a enfrentar a los indígenas que “quieren apoderarse  de todas las tierras fiscales”.

El diputado indígena Bienvenido Zacu (MAS) rompió el silencio y se enfrentó a sus compañeros de partido: “Estamos reclamando autonomías indígenas desde 1992, más de 20 años, y ahora queremos concretar nuestros sueños de tener una autonomía reconocida por el Estado Plurinacional. Simplemente pedimos que nos reconozcan, que nos garanticen y legalicen nuestras comunidades ancestrales, pero resulta que algunos hermanos campesinos, en especial nuestro hermano Isaac Avalos, nos acusa de ambiciosos”.

Zacu exclamó: “Cuando Ávalos fue ejecutivo de la CSUTCB nunca presentó una demanda ante el gobierno para titular tierras de comunidades campesinas que eran sus afiliadas; y ahora le miente al Presidente diciendo que los indígenas queremos revertir tierras sólo para nosotros. Le queda muy grande el cargo de senador; pero hasta ahí llegaron las acusaciones falsas y los insultos al movimiento indígena de tierras bajas…”.

En una asamblea de dirigentes indígenas y campesinos en Cochabamba, delegados de la TCO Ayopaya repudiaron y desconocieron a los “malos dirigentes que confunden a las bases y se dejan corromper por sectores de poder interesados en mercantilizar la tierra y los recursos naturales de las TCOs”.

“Por los errores cometidos por altos dirigentes, nos autoconvocamos como TCOs y organizaciones de tierras altas y bajas desde las bases para construir una estrategia de defensa de los derechos colectivos como Pacto de Unidad, y llamamos a la unidad de todas las organizaciones sociales para rearticular el Pacto de Unidad desde las bases”, se pronunció la asamblea y resolvió exigir al gobierno la entrega inmediata del título de la TCO Csutcoa (Polígono I y II).

Debemos entender que la TCO es una estrategia de descolonización; “descolonizar, es pensar con nuestra filosofía, es sacar de nuestra la colonización, y todo esto se hace desde el momento que hablamos de la alimentación, de nuestra vestimenta, y de la reconstitución de nuestra propia estructura territo­rial y nuestra estructura de gobierno”, reflexionó el mallku de la Comisión de Gestión Territorial del CONAMAQ Francisco Machaca.

Fue muy duro para el “primer presidente indígena” perder el apoyo de los pueblos originarios de tierras bajas que se movilizaban contra su gobierno. Pero más dolorosa fue la fractura de la idílica alianza constitucionalizada con nombre de “pueblo indígena originario campesino” que sostenía al recién estrenado Estado Plurinacional.

El INRA y el Viceministerio en manos de la burocracia campesina

Los nuevos gamonales de poncho y ojotas se libraron de Almaraz el 30 de enero de 2010; arrinconaron a los indígenas a mediados de ese año y el 19 de abril de 2011 voltearon al director nacional del INRA Juan Carlos Rojas, tal vez la última autoridad fiel a la reconducción comunitaria que quedaba en el gobierno del MAS.

La repentina destitución de Juan Carlos Rojas desconcertó a empresarios y políticos de oposición, mientras que la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Confederación de pueblos indígenas del oriente boliviano (CIDOB) y otras organizaciones indígenas rechazaron la destitución de una autoridad que se había ganado su confianza.

“Es una sorpresa que el gobierno que esté destituyendo a una autoridad conocedora de este proceso, más que todo en la demanda del pueblo guaraní”, lamentó el presidente de la APG Celso Padilla Mercado.  “La destitución es injustificada y no podemos avalarla como nación guaraní”, afirmó Padilla y anunció que se convocará a una reunión para evaluar la situación y pedir que la decisión “sea corregida”. (Radio Parapetí de Erbol)

Padilla y Adolfo Chávez de la CIDOB coincidieron en que una vez más el gobierno nombró a una autoridad que no conoce el tema agrario. Chávez consideró que la gestión de Urapotina en Pando dejó mucho que desear: “En su momento tuvo dificultades con los pueblos indígenas de Pando porque no podía interpretar las leyes, incluida la misma Ley de Reconducción Comunitaria”.

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO) Demetrio Pérez comentó que la destitución de Rojas en plena temporada de cosecha puede provocar problemas: “Nosotros queremos seguridad jurídica y vemos con mucha preocupación que cuando hay cambios la nueva autoridad tiene que tomar su tiempo para conocer los casos y tomar acciones”.

“Cuando la gente empieza a hacer un trabajo serio y honesto, el MAS toma represalias contra estas personas”, criticó la diputada de Convergencia Nacional Norma Piérola.

Los masistas no avisaron a Rojas que lo habían destituido; lo echaron mientras entregaba tierras en el municipio Colcha K junto al Presidente Morales. Mientras tanto, en La Paz la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo posesionaba al nuevo director del INRA Julio Urapotina, ex responsable regional del INRA en Pando y coordinador de los asentamientos humanos impulsados por el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.

Después de varios años de presión, las cúpulas sindicales campesinas finalmente lograron consolidar la ocupación política y administrativa en el Ejecutivo. Ahora tienen el control absoluto del proceso de saneamiento de tierras hasta el año 2013 y pueden perforar desde dentro la LRCRA.

El ex viceministro Almaraz acusó al senador y jefe de la bancada del MAS Isaac Ávalos y a círculos de la dirigencia campesina de promover la modificación de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria para convertirla en “Ley de Reconducción Individual”, y de esta forma facilitar la mercantilización de la tierra. (Erbol)

“Esa inquietud además está ligada a una serie de acciones e iniciativas oscuras, hasta delictivas, como el tráfico de tierras, la vinculación a personajes y circunstancias en las cuales ha habido una apropiación ilegal de tierras; este es un evidente peligro frente al cual se necesita una gestión pública fuerte, eficaz, y sobre todo, recta y transparente”.

Notas:

[1] En un encuentro de Secretarios de Recursos Naturales de varias organizaciones indígenas y campesinas, el representante de la Provincia Ayopaya de Cochabamba Sabino Mamani recordó las luchas libradas por su sector en defensa de la reserva natural de la Provincia. “El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada nos quería quitar nuestro territorio y por eso en el 5º Congreso de la Pro­vincia Ayopaya se resolvió solicitar el saneamiento de la TCO para defender nuestros RRNN y hacer respe­tar nuestra tierra y territorio para nuestros hijos. En el 6º Congreso de la Provincia se ha llegado a las mismas conclusiones, y en el 7º Congreso se ha pe­dido la conclusión del proceso de saneamiento porque creímos que era la mejor manera de defender nuestra tierra y te­rritorio. Desde el año 2003 hemos venido sacando resoluciones exigiendo el reinicio de la titulación colectiva, con el objetivo de con­trolar el territorio que está en manos de terceros sin dejar ningún recurso para nosotros.  Debemos decir que dentro de la Provincia de Ayopaya, dentro de nuestro territorio, existen alrede­dor de 250 concesiones mineras que se han entregado en gobiernos neoliberales, sin la realización de ninguna consulta a los pueblos indígenas.  Asimismo, en la parte norte de la Provincia Ayopaya colindante con el departamento del Beni existe un permanente saqueo de madera en tierras vír­genes. Existe la concesión petrolera del Río Hondo colindante con la TCO Mo­setén, y creemos que es por el inicio de estas actividades que van a afectar a nuestro territorio y paralizar la titulación de la TCO.  Se ha desarrollado el proceso de saneamiento de los polígonos 1 y 2, esos dos polígonos ya han sido titula­dos mediante un acta de acuerdo, pero lamentablemente este pro­ceso ha sido obstruido por el propio gobierno, nosotros no sabemos con qué interés, nosotros creemos que es por la presencia de grandes cantidades de recursos naturales en la zona. En el último tiempo, Feliciano Vegamonte, desde Federación Departamental de Cochabamba ha queri­do hacer anular la titulación de la TCO de Ayopaya, (contrariando) los estatutos orgánicos. Nosotros no sabemos qué finalidad ten­drá, con ex dirigentes ha organizado sindicatos paralelos, lo que ha posibilitado la venta del territorio de Ayopaya; esto es una violación a nuestros derechos, por lo que queremos la renuncia de las autoridades que han permitido todas estas violaciones y que se evalúe lo que ha pasado en Ayopaya. Creemos que todo esto es un avasallamiento por parte de Vegamonte y del Alcalde de Ayopaya. Noso­tros nos vamos a movilizar a la ciudad de La Paz y a la ciudad de Cochabamba, exigiendo la entrega de nuestro título. Todas estas acciones, como lo hemos dicho, no están dirigidas a otra cosa que no sea la recuperación de nues­tros recursos naturales de la Provincia Ayopaya. (Fuente: http://www.cenda.org/periodico/135/135-nov-2009.pdf)

[2] Los marchistas del MST-B se movilizaron para hacer respetar sus derechos al territorio con desarrollo social, económico, cultural y productivo, y denunciaron que “hasta ahora no tenemos ninguna solución al problema de la sequía en el Gran Chaco, a la inundación en Ichilo y Guarayos, a la dotación a nuevas comunidades del Gran Chaco, Chiquitanía, Ichilo y Guarayos, ni al problema de la tierra insuficiente en todas nuestras comunidades”. Denunciaron que no se aplican ni se implementan los programas de asentamientos comunitarios (proyectos, asistencia técnica, servicios de agua para consumo, salud, etc.), y lo que es peor, “hasta ahora las comunidades Trillizas de Velasco están padeciendo una grave inseguridad jurídica debido a que no se están respetando los Títulos Ejecutoriales que incluso han sido otorgados por nuestro hermano Presidente Evo Morales”. “Hemos sido burlados por el actual Viceministro de Tierras y el INRA, incluso nos hemos sacrificado en 25 días de huelga de hambre dañando nuestra salud física, demostrándonos la misma actitud con la que nos trataban las autoridades de los gobiernos de Goni Sanchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez, Tuto Quiroga y otros”, se quejaron.


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