Publicado el 2011-05-04

¿El INRA en manos de traficantes de tierra?

El cambio de director del INRA es un asunto “administrativo” como sucede en cualquier instancia de gobierno, con el propósito de acelerar el saneamiento de tierras y “mejorar algunas cosas”, explicó el Vicepresidente Álvaro García Linera el 22 de abril en una improvisada rueda de prensa en puertas de Palacio de Gobierno. (ABI)  El viceministro de Tierras Manuel Pinto reveló que fue el propio Presidente Morales  quien tomó la “decisión política” de sacar a Rojas, luego de observar “fallas de coordinación institucional” entre el destituido y el Viceministerio de Tierras y el Ministerio de Desarrollo Rural. 

 “Se le ha pedido varias veces información importante para reconducir el proceso de saneamiento de tierras, pero ha sido muy resistente, entonces esto nos ha permitido tomar la decisión política”, declaró Pinto a Erbol y anunció que Rojas será investigado por haber favorecido a empresarios brasileños en la titulación de  tierras en Santa Cruz, incumpliendo la normativa agraria vigente.

Según Alejandro Almaraz, no existe una razón que justifique el alejamiento de Rojas, tomando en cuenta que su gestión en el INRA es probablemente una de las más eficaces de la última década.  “Yo me pregunto con preocupación si la destitución guardará relación con el grave caso de corrupción que fue denunciado por Juan Carlos Rojas ante el Ministerio Público y que dio lugar a la apertura de un proceso”, comentó el ex viceministro.

Más tarde, el propio Rojas reveló que lo echaron del INRA porque descubrió una red de traficantes de tierras integrada nada menos que por colaboradores y asesores de la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo.

A principios de año, Rojas desbarató una oficina clandestina del INRA en la ciudad de Santa Cruz. “Era una especie de INRA paralelo, en el cual se cometían una serie de irregularidades y se fraguaban documentos para extorsionar a las personas. Eran parte de esta especie de mafia el ex director departamental del INRA de Santa Cruz y algunos ex funcionarios”, todos ellos destituidos, precisó Almaraz.

El INRA “chuto” operaba en el pasaje Cuéllar N 3135 y en la calle Pozo N 448 de Santa Cruz, y se dedicaba a “hacer seguimiento” de trámites en el INRA y en la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), confesó el responsable de la oficina clandestina Marcelo Salas Viruez en su declaración formal ante la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz el 17 de marzo. http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483943777

El acusado reconoció que es asesor de la ministra Achacollo y que la apoya en diligencias de “tipo político”. “Yo tengo una amistad (con Achachollo) de hace años, desde que era diputada; mi relación con ella es apoyarla en algunas diligencias que hace a nivel político… yo apoyo con mi conocimiento, yo doy un cierto tipo de asesoría como un amigo no tengo ítem o percibo algún sueldo por ello…”, señala el acta de declaración de Salas Viruez (caso 2024/2011).

Salas trabajaba con dos abogados que operaban en Santa Cruz y La Paz, y su trabajo principal era falsificar documentación y vender datos de catastro y del Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación.  La secretaria del inra paralelo, Verónica Paz, reveló al diario La Razón que desde enero “la ministra (Achacollo) vino en dos oportunidades con sus guardaespaldas y personas que se identificaban como funcionarios del INRA; no se registraba y se subía directamente donde don Marcelo…”.

Rojas comunicó el 21 de abril que varios documentos físicos y digitales referidos a procesos de saneamiento (superficies, beneficiados, cumplimiento de FES y otros) fueron sustraídos del INRA y acarreados al Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierras. Funcionarios del Viceministerio de Tierras, por orden del viceministro José Manuel Pinto, solicitaron una copia de toda la información del proceso de saneamiento de acceso restringido.

La ex autoridad recalcó que el INRA es el único depositario de esa documentación considerada confidencial, y manifestó su preocupación por la posibilidad de que los datos sean alterados o modificados. Pidió a las autoridades que obren “con absoluta responsabilidad y sigan los protocolos de seguridad para acceder a las bases de datos y a las claves…”.

La ministra Achacollo también se vio involucrada en varios casos de avasallamiento de tierras, uno de ellos en la TCO de Charagua norte, provincia Cordillera de Santa Cruz. “Ya colmó la paciencia del pueblo guaraní, no es posible que vengan a negociar a nuestras espaldas las tierras que nosotros de verdad necesitamos… no queremos que ingresen más campesinos por más que sean de la línea del gobierno”, reclamó el presidente de la APG Celso Padilla. (Erbol)

Por otra parte, el secretario de Relaciones de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Apiaguaiqui Tumpa Hebert Justiniano acusó a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de obstaculizar trámites de saneamiento de tierras en la Chiquitanía.

Justiniano denunció que la ministra Achacollo “en vez de entregar recursos para las comunidades, vino a perseguir a los dirigentes y a dividir a las organizaciones sociales”, y advirtió que “no permitiremos que personas y grupos de poder del MAS intenten apoderarse y dividir nuestras organizaciones sociales”.

El martes 26 de abril, el Presidente Morales defendió a su ministra: “La compañera Nemesia es de mucha confianza, la conozco desde hace mucho tiempo, es una gran luchadora; no creo para nada en la acusación contra la Ministra, pero a veces es difícil dar la cabeza por todos y todas…”.

El Mandatario consideró que “algunos dirigentes y opositores pretenden proyectarse con acusaciones falsas que implican a funcionarios del gobierno para desgastarlos uno por uno con calumnias y mentiras…”. Sin embargo, dejó en manos del Ministerio Público el esclarecimiento del caso “caiga quien caiga”.

“Como siempre decimos, aquí no se defiende a nadie, hay alcaldes del MAS que están con condena y están en la cárcel, aquí no se perdona a nadie y no se va a perdonar”, prometió Evo.


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