Publicado el 2011-04-15

La comunidad de Las Pavas se juega la supervivencia en Colombia

Sergio Ferrari

Algo más de cien familias decidieron recuperar en marzo su tierra original que les pertenece desde hace varias generaciones. La pequeña comunidad campesina de Las Pavas de apenas 600 personas, en el municipio del Peñón, en el norteño departamento de Bolívar, protagoniza  desde años la lucha cotidiana por la supervivencia.  Junto al inminente retorno a Las Pavas  se libra una pulseada emblemática  para el movimiento social colombiano, de repercusiones internas e internacionales.

“Ejercemos nuestro derecho fundamental de volver a nuestros predios de los que hemos sido despojados, tal y como nos faculta la constitución y la ley”, indica un reciente pronunciamiento de la Asociación de Campesinos (ASOCAB).

Tras esta decisión, una interminable historia de despojos. Que se inicia en los años setenta cuando fueron expulsados por grandes latifundistas, quienes vendieron sus parcelas a Jesús Emilio Escobar, familiar de Pablo Escobar, uno de los barones de la droga colombiana.

En 1997, Escobar dejó la propiedad y la comunidad regresó a sus parcelas para cultivar arroz, maíz, plátanos y otros productos esenciales. Seis años más tarde fueron grupos paramilitares quienes les expulsaron nuevamente. A partir  del 2004, las familias fueron paulatinamente regresando a Las Pavas y en el 2006 oficializaron una demanda al Ministerio de Agricultura para que les reconociera sus derechos de propiedad. En ese momento reapareció Escobar que los desalojó nuevamente por la fuerza, destruyó sus cosechas y vendió el predio al Consorcio El Labrador. Grupo económico que se dedica en forma extensiva al cultivo de la palma, compuesto  por las Empresas Aportes San Isidro S.A y Tequendama  (Daabon Organic).

Los campesinos, sin embargo, continuaron cultivando parte de sus parcelas, siendo desalojados en julio del 2009 por la policía, medida considerada ilegal por el mismo Ministerio de Agricultura.

“No pretendemos invadir propiedad privada ni realizar actos violentos ni ilegales” enfatiza el manifiesto de la ASOCAB.  Sus portavoces insisten en la profunda crisis humanitaria que padecen debido a la escasez de alimentos. Y responsabilizan de la crítica situación actual a las empresas palmeras, al Estado y  a los grupos armados, “quienes niegan los largos años de nuestro trabajo en esos predios”.

¿“Bio” con desprecio social?

La repercusión internacional del conflicto de Las Pavas llega directamente a Europa.  Diversos importadores  helvéticos que colaboran y reciben el sello de calidad “Bio Suisse”, compran el aceite de palma biológica, entre otras, a la Tequendama colombiana.

Ante la presión de ONG y asociaciones que trabajan por Colombia, en diciembre del año pasado, el sello “Bio Suisse”, a través de un comunicado de prensa, buscaba  resguardarse. “El Grupo Daabon puso fin al cultivo de palma de aceite en la región de Las Pavas”, indicaba. Afirmación sin embargo cuestionada por las ONG helvéticas.

“Daabon Organic probablemente sigue formando parte del consorcio pero de manera encubierta”, enfatiza  Stephan Suhner, responsable  del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, que coordina la Plataforma de ONG suizas presentes en Colombia La misma reúne a una quincena de importantes asociaciones de desarrollo y de derechos humanos.

 “No solo su nombre aparece todavía en documentos oficiales sino que la empresa también ha sido acusada de presionar a los miembros de la comunidad de Las Pavas, con amenazas e intentos de corrupción” sostiene Suhner                                

Conflicto emblemático

Para Suhner, analista y experto en Colombia, Las Pavas, se convierte en un “caso emblemático de profundo valor simbólico y político”.

“Permitirá evaluar como se posiciona el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), que es la entidad oficial que debe reglar el tema de las tierras”. Una delegación acaba de visitar Las Pavas en los primeros días de marzo para recibir la información directa.

El nuevo Gobierno colombiano ha reconocido el derecho a la restitución de las tierras a  las víctimas de la violencia. Diferentes fuentes contabilizan 4 millones de desplazados internos –en su mayoría campesinos- como resultante de varias décadas de guerra. Los portavoces oficiales prometen restituir anualmente tierras a 100 mil familias durante una década.

“Las Pavas es un claro ejemplo de cómo la palma – el agro-negocio-  se ha expandido y como los derechos campesinos y a la soberanía alimentaria han sido vulnerados. ¿Está el Presidente Santos dispuesto a corregirlo? ¿Es posible equilibrar los deseos de la agroindustria exportadora con las reivindicaciones de los campesinos y su demanda de reforma agraria?”, se interroga el portavoz del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia.

El conflicto de Las Pavas permitirá también “evaluar los márgenes reales de los campesinos para acelerar el ejercicio de esa recuperación, confrontados a las penurias de una crisis ambiental y alimentaria en crecimiento y con el trasfondo de años de sangrienta represión”, agrega.

Además, el caso de Las Pavas, “puede ser significativo para medir como se posiciona el propio Gobierno suizo, a quien hemos venido informando sobre la situación de esa comunidad amenazada”.

La tierra y el territorio son aspectos fundamentales para resolver la confrontación bélica en ese país sudamericano. El gobierno helvético apoya el programa SUIPPCOL de promoción de la paz en Colombia desde la base. “Y debería también apoyar la restitución de las tierras como clave esencial para la paz”, subraya.

No menos significativo, “permitirá analizar en general la actitud de las empresas internacionales. Y en particular, la coherencia del comercio “bio”. Veremos en la práctica si tolera en su seno a empresas como Daabon que sin escrúpulo alguno defienden la tierra mal adquirida y  se dedican también a la producción de agro-combustibles”, concluye Suhner.

* Sergio Ferrari, colaboración de prensa E-CHANGER, ONG de cooperación solidaria presente en Colombia ,  miembro del programa SUIPPCOL


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